El órgano consultivo indica que el ex alcalde Javier Pérez «realizó dicha adjudicación prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido»
El Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana da la razón al Ayuntamiento de Callosa de Segura y dictamina favorablemente la nulidad del contrato de instalación de paneles y soportes informativos y publicitarios sobre la vía pública que el exalcalde Francisco Javier Pérez Trigueros adjudicó directamente a la mercantil SEYMA MOBILIARIO URBANO, S.L. al determinar que, Pérez, «realizó dicha adjudicación prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
El Consell Jurídic recuerda en su dictamen que la declaración de nulidad ejercida «queda reservada para los casos más graves de violación del ordenamiento jurídico», determinando además que «ha quedado acreditado que en el asunto sometido a consulta no se observaron las mínimas exigencias al no haberse tramitado por el Ayuntamiento de Callosa de Segura el procedimiento legalmente previsto para la adjudicación de los contratos administrativos».
El órgano consultivo supremo de la Comunidad Valenciana hace suyas, también, las acusaciones del actual concejal de Hacienda y Contratación, al determinar en su dictamen que «resulta evidente que se adjudicó directamente a la mercantil SEYMA una concesión enmascarada en la figura de un contrato menor, sin llevar a cabo la tramitación procedimental legalmente prevista, incumpliendo además sus estipulaciones la normativa de contratación», por lo que entiende que la infracción reviste de una especial gravedad al ir en contra del interés general del municipio y no respetar los principios de igualdad y no discriminación, defendidos por la ley de contratos.
Para el concejal de Contratación Rubén Manresa (IU) «es satisfactorio comprobar que al denunciar las irregularidades cometidas por el Partido Popular, permitimos a los callosinos y callosinas recuperar el dinero perdido». En esta línea, el Pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura acordará el próximo lunes iniciar el expediente de liquidación del contrato, tal y como recomienda el propio Consell Jurídic Consultiu, con el fin de reclamar a los responsables la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados.
El órgano consultivo también rechaza en su dictamen la posición mantenida por la mercantil y el exalcalde, que venían defendiendo que la firma del contrato supuso un ahorro para el Ayuntamiento, al determinar que «la alegación consistente en que el coste del Ayuntamiento era cero carece de justificación, por cuanto ésta estaba exenta del pago de licencia por ocupación de la vía pública».
El Consell Jurídic Consultiu da la razón al equipo de gobierno al optar por la vía de la nulidad para rescindir el contrato al determinar que, a pesar de existir otras vías «lo procedente es la tramitación del procedimiento de revisión de oficio y no el de resolución contractual, que presupone, por lo demás, la existencia de un contrato válido». La elección de esta vía, al contrario de lo que ha pasado en otros municipios, permitirá al Ayuntamiento de Callosa de Segura recuperar el dinero que la empresa debió pagar por la explotación del servicio en exclusiva durante diez años.
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