Durante el pleno celebrado hoy en la Diputación de Alicante se ha aprobado por mayoría la rescisión del acuerdo con la UTE Cespa-Ortiz, adjudicataria del proyecto
El pleno del consorcio ha acordado hoy por mayoría poner punto y final al contrato de gestión de residuos del Plan Zonal XVII (Vega Baja) con la adjudicataria del servicio, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, con motivo del “incumplimiento generalizado del proyecto”, según palabras de la presidenta de la institución, Luisa Pastor.
Fuentes de la Diputación provincial han explicado a DIARIO DE LA VEGA que ha sido la presidenta quien ha explicado los motivos de esta decisión, que ha contado con la abstención del Ayuntamiento de Orihuela al entender que todo sigue “bajo sospecha”, y que está avalado por los informes del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), de la Generalitat Valenciana, la secretaria general de la institución y de las universidades Carlos III de Madrid y Jaume I de Valencia.
Tras la resolución de este contrato, el consorcio ha incautado la garantía definitiva, depositada en su día por el contratista correspondiente a la fase de construcción a favor del consorcio, por un importe de 1,9 millones de euros para hacer frente, entre otros, a posibles indemnizaciones.
De hecho y tras la rescisión de este contrato con la UTE Cespa-Ortiz, la empresa tiene la oportunidad ahora de presentar alegaciones dentro del periodo establecido, y que lo podrá hacer frente a la institución o en el juzgado de lo contencioso.
En este sentido, la presidenta del consorcio ha querido dejar claro durante su intervención y según la citadas fuentes, que lo “importante es que en la Vega Baja sean capaces de llegar a un acuerdo sobre dónde y cómo tratar los residuos”, porque los permisos concedidos en la actualidad por parte de otros consorcios para abonar la basura de la comarca son “limitados” por la “propia capacidad de las plantas de residuos”. Asimismo, Pastor ha aclarado que la firma de este contrato se produjo por “imperativo legal”.
Coherencia
El coordinador el PP en la comarca de la Vega Baja, Adrián Ballester, ha afirmado en un comunicado que ha sido la “coherencia” de su partido la que ha puesto fin al Plan Zonal de la Vega Baja.
Del mismo modo, ha anunciado la intención de su grupo de crear un nuevo Plan Zonal, “fundamentado en la coherencia en los planteamientos, el respeto medioambiental, la eficiencia, el consenso político y la participación ciudadana”.
“Sin coherencia, sin consenso y sin participación no se pueden adoptar decisiones que afectan a todos los ciudadanos”, ha puntualizado.
Principios
Por su parte, el diputado provincial socialista Raúl Valerio Medina, ha avanzado que es el momento de “ponerse a trabajar” para “dar una solución definitiva a los problemas en la recogida de residuos que tiene la Vega Baja”.
Por ello, ha exigido que el nuevo procedimiento de adjudicación “se ajuste a los principios de servicio público, consenso, transparencia y participación ciudadana”.
A su juicio, el nuevo contrato “ha de alejarse de los intereses particulares, en defensa del interés general, atendiendo a la reducción en la generación de residuos, su reciclaje y su reutilización, así como a la publicación de los datos sobre los aspectos económicos y ambientales en su funcionamiento”.
En este sentido, el socialista ha insistido en la constitución de un Consejo de Participación formado por los representantes de las asociaciones de los pueblos que lo integran, de manera que “el funcionamiento responda a los criterios de participación y transparencia del que adolecía el contrato que hoy se ha rescindido”.
Satisfacción política
La abogada de la plataforma Granja-Cox, Beatriz Nadal, que ha estado presente en este pleno, ha mostrado su “satisfacción” a nivel político por esta decisión, pero ha querido dejar claro que “no a nivel jurídico” porque, entre otros aspectos, “la empresa va a recurrir esta resolución en los juzgados, lo que va a eternizar este asunto”.
En este sentido, Nadal ha recordado que en pliego de condiciones administrativas se otorgaban cinco puntos a la empresa que presentara “opciones de compra con propietarios de los terrenos”, aunque no era obligatorio, y en ese momento, la comisión técnica del consorcio le otorga los cinco puntos que le “permitieron hacerse con el contrato”.
No obstante y según sus palabras, ahora la institución alega que la UTE “no dispone de los terrenos necesarios” para la construcción de la planta de residuos prevista en Albatera, ni de la planta de transferencia que debe ubicarse en Cox, “algo que va a llamar la atención en los juzgados”.
Precisamente y en referencia a la planta de Cox, Nadal ha hecho hincapié en que “el 66,67%” de los terrenos donde se prevé su ubicación –el sector 8 del polígono industrial Virgen del Carmen-, conformados por 6.436 metros cuadrados, “son propiedad de la familia política del actual alcalde, Carmelo Rives (PP)”.
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