El equipo de gobierno de Bigastro aprueba en solitario la adhesión al Plan Edificant

El PP puso dos requisitos para la aprobación de este plan para garantizar la seguridad de los alumnos y salvaguardar las arcas municipales

El Ayuntamiento de Bigastro celebraba anoche una sesión extraordinaria del pleno donde, entre otras cuestiones, se llevaron a debate los puntos del POS-2019, así como la adhesión al Plan Edificant de la Generalitat Valenciana.

En cuanto a la adhesión al Plan Edificant, salió adelante gracias a los votos de los miembros del Partido Popular, y a pesar de la abstención del grupo municipal socialista.

El equipo de gobierno encabezado por Teresa Belmonte sometió a votación los tres puntos que contenía la propuesta en materia de infraestructuras educativas para la ampliación y adecuación del IES Miguel Hernández y reformas en los centros San José de Calasanz, La Paz.

El primero hacía referencia a dar el visto bueno a las memorias valoradas sobre las actuaciones previstas con un presupuesto total de 3.207.726,32 euros. El segundo solicitar la adhesión al Plan Edificant y en tercer lugar, proponer a la Consellería de Educación que tenga en cuenta la difícil situación financiera de este Ayuntamiento y que incluya en su articulado el anticipo del importe del presupuesto total para conocimiento de la administración en uno o dos pagos previos al inicio de las obras de ejecución, o en su caso, que la administración autonómica confirme la legalidad de incluir la obligatoriedad por parte de la empresa adjudicataria a aceptar la cesión del crédito generado por las sucesivas certificaciones de obra aprobadas por la misma.

Tras la exposición de estos tres puntos, el PSOE valoró que no era necesario dar cuenta de las memorias, algo que el PP justifica ya que no tiene sentido votar una delegación de competencias sin saber qué se delega, algo que, a ojos de los populares, muestra que los socialistas harían a ciegas cualquier propuesta que viniese de la GVA cogobernada con sus socios de Compromís, sea o no beneficioso para los vecinos de Bigastro”.

En cuanto al tercer punto, desde el equipo de gobierno han asegurado que “el PSOE ha dejado ver su desconocimiento sobre el decreto que regula la delegación de competencias y de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, indicando que la GVA será quien apruebe y pague directamente a las empresas constructoras las certificaciones de obra y que, por tanto, no era necesario incluir este punto”, algo que la alcaldesa Teresa Belmonte ha calificado de “además de totalmente erróneo es sumamente irresponsable”, justificando que la delegación de competencias supone que es la administración delegada la que asume todos y cada uno de los procedimientos administrativos relativos a la actividad delegada, en este caso, la licitación y ejecución de unas obras de infraestructuras educativas.

El procedimiento indica que la entidad local, una vez recibida la resolución de delegación de la competencia, procederá a iniciar la licitación de las obras contenidas en la misma según regula la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Una vez adjudicada la obra a la empresa constructora, se procederá al inicio y ejecución de las mismas, así como a la emisión de las sucesivas certificaciones de obra, a su aprobación por el órgano municipal competente, y a su remisión a la DG de Infraestructuras educativas para su revisión y aprobación. Aprobadas por el órgano competente dicha certificación, se emitirá resolución a la entidad local para que genere el crédito presupuestario necesario para poder hacer frente a la obligación que ha generado la obra. A partir de este momento, tiene que liberar el pago de la certificación al Ayuntamiento, y con ese dinero, pagar a la empresa constructora. El DL 5/2017 también prevé que la entidad local pueda ceder el crédito generado con la resolución y se endose a la empresa constructora, si esta lo acepta.

El problema, según el equipo de gobierno, está en que la empresa puede negarse a aceptar el endoso, y entonces es el Ayuntamiento quien tiene que pagarle con la tesorería de la que disponga. Por lo que desde las filas populares se preguntan que ocurrirá si la GVA se retrasa con los pagos de las certificaciones, y el Ayuntamiento no tiene capacidad para adelantar el dinero a la empresa constructora.

Así el grupo popular asegura que entonces peligraría la seguridad de los estudiantes en este caso del IES Miguel Hernández, por tener que convivir con una obra en construcción, en un espacio reducido, porque la obra y el perímetro de seguridad ocupa la mayor parte del patio. Algo que no van a consentir, en palabras de la alcaldesa “no podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad de los escolares porque se paralicen las obras por retraso de los pagos. Debemos prevenir una situación en la que los estudiantes tengan que convivir con una obra de construcción paralizada durante el curso escolar con los riesgos que ello puede suponer para su integridad física, y la única forma de prevenirlo es exigiendo a la Consellería que deposite los fondos para la ejecución de las obras antes de su inicio o que garantice la legalidad de los endosos que prevé el DL 5/2017”.

Por esta razón se llevaba al pleno la propuesta de adhesión a Edificant, pero exigiendo garantías de que la situación descrita no se va a producir en ningún caso. Y la única forma de evitarlo es que la GVA se comprometa a anticipar el dinero necesario para ejecutar las obras antes de su inicio, y eso es lo que se aprueba el punto tres de la propuesta.

Bigastro necesita la ampliación del IES Miguel Hernández, pero debe ejecutarse con las garantías suficientes. Pues no hemos de olvidar que la obligación de ejecutar las obras es de la Consellería y el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar, pero no va a poner en riesgo a sus escolares por los problemas financieros de la Consellería que pretender endosar al Consistorio.

Así la alcaldesa de Bigastro pedía anoche en el pleno las garantías de que no habrá paralización de las obras por falta de dinero. Mostrando su voluntad de hacer un esfuerzo de dirigir la ejecución de una obra de 3.000.000 de euros, a pesar de los escasos recursos de los que dispone, porque consideran necesario sacar a los estudiantes de los barracones, pero sin correr riesgos para su integridad física, de acuerdo con lo que acordó el Consejo Escolar Municipal.

Los socialistas, se abstuvieron así en la votación y la propuesta se llevó a cabo con los votos a favor del equipo de gobierno, alegando que con esos puntos lo único que quiere este gobierno, lejos de la realidad, es retrasar el procedimiento y el comienzo de las obras.

Belmonte ha valorado esta actuación en dos líneas por un lado “la GVA no asume sus competencias propias y delega por decretazo las competencias a los ayuntamientos”, y que “el PSOE de Bigastro, antepone los intereses políticos de su partido en Valencia, a los intereses de los vecinos de Bigastro”.

La preocupación de esta alcaldesa, además de la seguridad de los alumnos que es lo primero, viene dada de hechos que se han producido sobre las arcas municipales, ya que llevan esperando desde diciembre de 2017,el pago de las obras del polígono subvencionadas por el IVACE por un importe de 250.000€ que han tenido que sufragar con recursos municipales con el consiguiente quebranto para la tesorería local. Porque la empresas tienen que cobrar el trabajo que hacen en menos de 60 días, según la normativa vigente. Asegurando que “si la Consellería se retrasa en los pagos de la certificaciones, nos asfixia, y provocaría volver a dejar de pagar a los proveedores y a incumplir el periodo medio de pago, algo que ha costado llegar a su cumplimiento, por lo que no se va a consentir”.

En otro orden de cosas, el pleno también aprobó el Plan Provincial de Cooperación a las de Obras y Servicios de competencia municipal con una inversión total de 450.000 de los cuales el municipio aportará el 20% y el resto la Diputación Provincial. También se trató la corrección del importe de adjudicación del contrato de recogida de RSU y limpieza viaria, aprobado en el último pleno ordinario, que se ha reducido en más de 98.000€ en concepto de IVA, lo que permitirá una rebaja de la tasa de basura que pagan los vecinos, la segunda en lo que va de mandato.

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