EL Juzgado investigará si hubo prevaricación de Zapata y el Interventor en el Pleno de diciembre

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Pleno dic 14

La magistrada ha abierto diligencias contra ambos por la denuncia interpuesta por CLR por impedir el debate y votación de una proposición

La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela ha abierto diligencias previas para decidir si admite o no a trámite la denuncia interpuesta por el grupo municipal CLr contra el concejal socialista Antonio Zapata y el Interventor del Ayuntamiento de Orihuela, por un supuesto delito de prevaricación.

La querella se presentó el pasado 22 de diciembre después de que en el Pleno ordinario celebrado ese día el entonces alcalde en funciones, Antonio Zapata, se negara a incluir en el orden del día una proposición de CLR alegando la existencia de un documento del Secretario General en el que este admite no tener la certeza jurídica de que Juan Ignacio López-Bas y Pedro Mancebo compongan el grupo CLR-Claro. Dicha proposición era relativa a que el Interventor dé cuenta al Pleno mensualmente de los reparos que viene poniendo a actos del gobierno local de Los Verdes y PSOE.

Los liberales interpusieron también la denuncia contra el Interventor al considerarlo «cómplice y cooperador necesario de la prevaricación cometida por el alcalde accidental».

A partir de este momento, el Juzgado dará traslado de la querella al Fiscal para que dé su parecer sobre su admisión a trámite y para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito de Prevaricación.

Desde CLR han anunciado en un comunicado que «como parte querellante mantendrán la acusación particular en el procedimiento penal referido través de su portavoz municipal Pedro Mancebo».

Cabe recordar que la misma proposición fue finalmente votada y aprobada por mayoría en el Pleno celebrado el pasado mes de marzo. Pese a ello, los liberales consideran que eso «no impide que los hechos anteriores deban ser esclarecidos por los órganos judiciales al haberse demostrado, precisamente con la votación y debate posterior en marzo, lo ilegítimo e ilegal de la negativa anterior».

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