Funcionarios de los Juzgados de Orihuela se manifiestan contra el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Economía

Funcionarios protesta juzgados 15NOV2013

Este texto refleja que una misma persona pueda actuar a la vez como abogado y procurador, lo que afectaría, en el caso de Orihuela y Torrevieja, a unos 80 procuradores

Bajo el lema ‘Por la calidad de la justicia, no a la Ley de Servicios’, alrededor de 30 funcionarios de los Juzgados de Orihuela han protestado hoy contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto, e impulsado por el Ministerio de Economía.

Según el manifiesto leído por el decano del Colegio de Procuradores de Alicante, Enrique de la Cruz, este anteproyecto “atenta” directamente contra el actual sistema judicial y “desprecia” el trabajo de los “profesionales imprescindibles” como son los procuradores y abogados, puesto que el texto refleja que una misma persona pueda actuar a la vez como ambos. 

En concreto y en el caso de los juzgados de Torrevieja y Orihuela, esta decisión afectaría, según ha avanzado el decano, a “unos 80 procuradores”.

En declaraciones a los periodistas, Cruz ha explicado que la aprobación de esta iniciativa que declara la “incompatibilidad” entre estos dos profesionales, va “en contra del informe” redactado por el Ministerio de Justicia, que conoce las “repercusiones económicas que va a ocasionar a la administración de justicia y a los ciudadanos” esta decisión.

Y es que, según ha detallado, el único interés es que “el trabajo de dos personas lo haga solamente una”, lo que va a suponer un “mayor coste para el ciudadano” y un “importante colapso” del sistema judicial español, “solamente para ahorrar a grandes negocios, bancos y empresas del IBEX el coste de esas personas”.

Lejos de esta idea, Cruz ha querido dejar claro que esta decisión supondría un “encarecimiento de la justicia”, puesto que una persona sola “no puede asumir” el trabajo realizado por las dos. No obstante, para solucionar esto, “sería necesario contratar a otras personas, lo que supondría un gasto inviable”.

El texto leído por el decano expresa que “ell anteproyecto de Ley implica la inversión de millones de euros para hacer posible su aplicación, así como un paso atrás en el proceso de modernización de la justicia, haciendo prácticamente inviable el actual sistema de notificación electrónica y regresando al papel como soporte universal”. 

De hecho, “ese coste de papel y de toda la infraestructura tendría que asumirlo la Conselleria de Justicia, que tendrá que pagarlo cobrando impuestos a los ciudadanos”, ha dicho Cruz, quien ha resaltado que de esta forma se está perjudicando al ciudadano porque, en la actualidad, todos esos costes que suponen alrededor de 188 millones de euros, “están sufragados en su totalidad, desde hace dos años, por el Colegio de Procuradores”.

Asimismo, el regreso al papel “llevaría a no notificar telemáticamente la providencia -alrededor de 50 millones de notificaciones al año en toda España-, que se hace a través los juzgados, y de un total de 8.000 procuradores”, lo que implicaría el colapso de la justicia.

“Si los procedimientos en la actualidad están tardando en Orihuela año y medio, con seguridad se podrían duplicar, y llevar al ciudadano a asumir el desgaste de duplicar la espera”, ha añadido.

Por todos estos motivos y a través del manifiesto leído, han solicitado al ministro de Economía, Luis De Guindos, “la paralización de la tramitación parlamentaria y la revisión completa de su artículo en una mesa con representación de los profesionales afectos y con el ministro, para evitar “un daño irreparable al sistema judicial español”. 

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