La Generalitat cede a Orihuela los antiguos juzgados y pagará por usar el Palacio de Justicia

El Consell abonará un millón de euros al Ayuntamiento en la próxima década por hacer uso de las dependencias judiciales

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Orihuela han cerrado un acuerdo que zanjará la deuda histórica que la administración autonómica mantiene con la ciudad a cuenta de la construcción del Palacio de Justicia, que se edificó hace más de una década con fondos municipales pese a ser una competencia del Consell.

Tras un año y medio de negociaciones las dos administraciones han alcanzado una solución que se ha plasmado este lunes con la visita del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a Orihuela.

En virtud de este acuerdo los antiguos juzgados pasarán a ser propiedad municipal a través de una cesión por parte de la Generalitat. Una reivindicación que se inició en la pasada legislatura y que se hará efectiva en un periodo de seis meses. Plazo que se ha fijado para iniciar los procedimientos acordados.

El alcalde, Emilio Bascuñana, ha anunciado que el edificio de los antiguos juzgados –que actualmente está en desuso- se utilizará para oficinas municipales y ha asegurado que en los presupuestos municipales de 2017 se contempla una dotación para habilitar este espacio que tiene carencias tras una década cerrado. Disponer de este inmueble ayudará al Ayuntamiento a prescindir de alquileres municipales, algo que es voluntad manifiesta del actual equipo de gobierno (PP).

En cuanto al actual Palacio de Justicia, el acuerdo recoge que la Generalitat abonará al Ayuntamiento de Orihuela una compensación económica por el uso del actual Palacio de Justicia. De esta forma, durante los primeros cinco años la Conselleria abonará 75.000 euros anuales por este concepto, una cantidad que ascenderá hasta los 125.000 euros a partir del sexto año y hasta el décimo. Lo que supone una cantidad de un millón de euros en la próxima década. 

El acuerdo se fija para un plazo de diez años durante los que el Gobierno Valenciano tendrá derecho a compra, tal y como ha explicado la consellera, Gabriela Bravo. La responsable de Justicia ha indicado que el compromiso por parte del Consistorio oriolano es que cuando concluya esa década cederá terrenos al Consell si es necesario ampliar las instalaciones judiciales ya sea en parcelas  o en otro punto  del municipio, ya que con las previsiones de crecimiento del partido judicial de Orihuela se prevé que el Palacio de Justicia de Santa Lucía se quede pequeño.

El pacto alcanzado por las dos administraciones alcanza también a otros edificios que hasta ahora no están regularizados como les corresponde como son la casa natal de Miguel Hernández, el Museo de la Muralla o el Ahogadero de la Seda que serán cedidos por la Generalitat al Consistorio.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado su alegría por poner fin al “dislate” que se mantenía desde hace una década y que hacía que “un edificio como los antiguos juzgados no se utilice y que la Generalitat esté casi que de ocupa en el Palacio de Justicia”.

Puig ha celebrado que se le haya podido poner fin a esta anomalía “desde lejos de cualquier sectarismo y más allá de cualquier diferencia” que haya podido haber entre el Ayuntamiento y la Generalitat.

La más crítica ha sido la consellera Gabriela Bravo quien ha manifestado que con este acuerdo se pone fin al “bloqueo” y “ninguneo automático” que Orihuela ha recibido durante las últimas décadas por parte de los gobiernos de la Generalitat del Partido Popular. “Esta era una de las herencias recibidas que teníamos que solucionar”, ha dicho al tiempo que ha señalado que “este acto es una forma de exteriorizar que este gobierno cumple sus compromisos”.

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