La Policía Nacional detiene a 130 personas en Torrevieja acusadas de favorecer la inmigración ilegal

Entre los arrestados hay propietarios de agencias inmobiliarias, ciudadanos extranjeros y tres funcionarios del Ayuntamiento

La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja a 130 personas, entre ellos tres funcionarios del Ayuntamiento, acusadas de favorecer la inmigración ilegal a través de un entramado en el que participaban varias inmobiliarias, y comisionistas a su servicio, que facilitaban contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros para que consiguieran empadronarse en el municipio con el fin de reagrupar a sus familiares.

La operación ha culminado con la detención de 130 personas entre ellas tres funcionarios municipales, 16 propietarios de agencias inmobiliarias, 14 comisionistas, un gestor y 96 ciudadanos extranjeros. A todos ellos se les acusa de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La operación se inició hace dos años cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de personas afincadas en la localidad que podrían estar dedicándose a realizar falsos contratos de alquiler a ciudadanos, en su mayoría de origen marroquí residentes en Murcia.

Los agentes identificaron a varios responsables del entramado, y averiguaron que esos contratos eran utilizados para empadronar a los ciudadanos extranjeros y justificar la disposición de una vivienda para reagrupar a sus familiares.

Los trámites del proceso de reagrupación familiar eran dirigidos a la Oficina de Extranjería de Alicante, donde los solicitantes aportaban contratos falsificados de alquileres de viviendas del municipio de Torrevieja, para conseguir de manera fraudulenta el empadronamiento. En realidad, se trataba de viviendas vacías a la venta en diferentes agencias inmobiliarias de la zona u ocupadas por otros moradores sin parentesco alguno.

En la Administración aportaban como documentos de ocupación falsos contratos de arrendamiento en los que se usurpaba el estado civil de los propietarios, o bien, documentos auténticos suscritos por los propios dueños con otros arrendatarios pero que habían sido alterados, en ambos casos, sin conocimiento de los titulares de la propiedad.

La adquisición de los contratos falsificados estaba sometida al pago de 300 euros al mes, dinero que debía abonar el solicitante al facilitador o vendedor, que en la mayoría de los casos, se trataba de responsables o empleados de inmobiliarias de Torrevieja, o comisionistas que intermediaban para que el trámite se llevara a cabo.

Los agentes corroboraron la evidente participación en los hechos de la Oficina del Censo del Ayuntamiento de Torrevieja, al haber expedido de forma negligente volantes y certificados padronales colectivos sin incluir la totalidad de las inscripciones existentes en las viviendas, información que fue validada posteriormente por la Oficina de Urbanismo del mismo municipio, permitiendo así resoluciones favorables de expedientes de reagrupación familiar por parte de la Oficina de Extranjería de Alicante, posibilitando este hecho la llegada y establecimiento en España de una inmigración ilegal, por cauces aparentemente legales, y que la Policía calcula en 500 personas.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra las redes de inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante.

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