La Generalitat invierte 820.000 euros en la primera fase de los trabajos para recuperar el terreno afectado por las «malas prácticas» de la empresa
La primera fase de las obras de sellado y restauración de las antiguas instalaciones del vertedero Proambiente ubicado en la pedanía oriolana de La Murada está a punto de concluir tras cuatro meses de trabajo y 820.000 euros de inversión por parte de la Generalitat Valenciana.
El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, ha visitado este jueves la zona acompañado por su homólogo en la vecina Región de Murcia, Juan Madrigal de Torres, y por los alcaldes de Orihuela y Abanilla, Emilio Bascuñana y Ezequiel Alonso, respectivamente. Los trabajos en el vertedero se llevan a cabo diferenciando la zona que está en el término municipal de Abanilla, sufragados por esta comunidad autónoma, y la parte localizada en La Murada, cuyo importe recae sobre la administración valenciana.
Las obras, llevadas a cabo por la empresa pública Tragsa, han consistido en la extinción de las zonas incandescentes procedentes de residuos abandonados y que se encuentran semienterrados en la tierra.
Piquer ha avanzado que durante el verano se van a interrumpir las obras debido a las altas temperaturas que se registran en el entorno y que a partir del próximo mes de octubre se iniciará la fase de revegetación de la zona con especies autóctonas.
Tras esta primera fase está previsto que ambas administraciones –la valenciana y la murciana- preparen el proyecto definitivo para la regeneración con una inversión superior a los dos millones de euros y un periodo de ejecución de en torno a tres años. “Así podremos zanjar el problema y recuperar el estado natural de los terrenos”, ha explicado de la Torre, al tiempo que ha recordado que la mala praxis de la empresa Proambiente “ha puesto en riesgo terrenos, un espacio protegido y la salud de las poblaciones”.
En esta línea, Piquer ha indicado que “malas prácticas como esta no deben volver a producirse y debemos trabajar en conjunto para que la gestión de los residuos sea conforme a las directivas europeas, la normativa nacional de residuos y que antes de 2020 podamos tener un tratamiento de residuos en todas las comunidades autónomas modélico según los estándares de la directiva europea”.
Cuando se concluyan definitivamente las actuaciones de sellado y controlado habrá una fase de post-clausura que obliga a las administraciones a vigilar y mantener la ubicación durante un periodo de 30 años.
Tanto la Generalitat Valenciana como la Región de Murcia van a reclamar por la vía judicial a la empresa infractora, propiedad de la familia Fenoll, el montante económico que las administraciones públicas están invirtiendo en la recuperación ambiental del espacio.
Cabe recordar que el empresario oriolano Ángel Fenoll, dos hermanos y dos sobrinos, fueron imputados por delitos continuados contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionados con el vertedero ubicado entre Abanilla y Orihuela. La causa la instruye un juzgado de Cieza que pide una pena de seis años de cárcel para cada uno de ellos.
Planta de transferencia
Piquer ha descartado, a pregunta de los periodistas, que las instalaciones de Proambiente puedan albergar alguna de las dos plantas de transferencia que la Generalitat y el Consorcio de Residuos pretenden instalar en la Vega Baja, y para las que se busca ubicación. “Nunca nos hemos planteado utilizar esta localización como planta de transferencia. Creo que hay que separar lo nuevo de lo antiguo”, ha señalado Piquer.
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