El equipo de gobierno de Orihuela no tiene dudas sobre la legalidad de la última prórroga que se le dio a la mercantil por 20 años
El equipo de gobierno de Orihuela (PP y Ciudadanos) ha tumbado en el Pleno de este jueves una moción del grupo municipal Cambiemos que solicitaba elevar una consulta a la Junta Superior de Contratación Administrativa sobre una posible “irregularidad” en la prórroga del contrato con la adjudicataria de la gestión del agua, Hidraqua.
El portavoz de Cambiemos, Karlos Bernabé, ha recordado durante la sesión plenaria que la adjudicación a la citada empresa se realizó en 1998 –entonces se denominaba Aguagest- por un periodo de 20 años con la posibilidad de prorrogar cada diez años. En el 2001 hubo una primera prórroga para una década más –hasta 2018- y tres años después, en 2004, se vuelve a extender la contrata por un periodo de 20 años.
Desde Cambiemos cuestionan la legalidad de esa prórroga puesto que el acuerdo contemplaba extender el contrato por diez años, pero la última prórroga fue por dos décadas. Ante las dudas, la formación pretendía un acuerdo plenario para que la la Junta Superior de Contratación Administrativa se pronunciara al respecto.
El equipo de gobierno ha rechazado la moción argumentado que “tanto el contrato como las prórrogas contaron con el visto bueno de los técnicos y jurídicos del Ayuntamiento que avalaron esa decisión” por lo que “no tenemos dudas de la legalidad de la decisión que se adoptó en 2004”, ha dicho el concejal de Infraestructuras –y portavoz de Ciudadanos- Juan Ignacio López-Bas.
Por su parte, el concejal popular, Francisco Sáez, exgerente de Hidraqua, ha acusado a los ediles de Cambiemos de someter a un “linchamiento público” a la mercantil y sus trabajadores desde que se inició la legislatura.
Hasta el Pleno han acudido una decena de empleados de Hidraqua para ver en primera persona el trascurso del debate de la moción y manifestar su “descontento” con la moción, tal y como expresaron ayer a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento. Los trabajadores temían, como así manifestaron, que la propuesta de Cambiemos pudiera perjudicar sus intereses.
Al respecto, Karlos Bernabé ha aclarado que la iniciativa solo pretendía verificar si esa prórroga es legal pero fuera cual fuera el resultado de la consulta “el Ayuntamiento tiene mecanismos suficientes para defender los derechos de los trabajadores”.
En esta línea, ha dicho que en un futuro puede ser una empresa competente la que ponga en tela de juicio este contrato “y puede ser un problema que nos estalle en la cara”.
La propuesta solo ha encontrado respaldo en el PSOE que ha defendido que al tratarse del contrato más importante del Consistorio por su cuantía y durabilidad debería despejarse cualquier duda sobre su legalidad. “A mí sí me caben dudas en tanto en cuanto el Interventor que dio el visto bueno actualmente está en la cárcel”, ha dicho la concejal Carmen Gutiérrez.
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