Desde hace ya algunos años la ciudadanía asistimos a un debate entre partidos sobre la responsabilidad política, sobre cuando, quien y como debe asumirla. En este tiempo hemos tenido que ver muchas líneas rojas, y casi todas no tan rojas y siempre discontinuas, que impiden a unos ser candidatos mientras otros mantienen sus puestos o son recolocados para seguir gestionando dinero público.
Una de las excusas más socorridas por parte de los acusados es que se judicializa la vida política. Pues sí, y debe ser así, todos sabemos que es nuestro deber como ciudadanos denunciar cualquier delito del que tenemos suficientes pruebas y así debe hacerlo un cargo público cuando detecta alguna actuación sospechosa. Si esta acusación tiene fundamento puede ser admitida a trámite en un juzgado y terminar en una sentencia judicial después de pasar por la temida “imputación”.
¿Debe dimitir alguien por ser imputado? Desde mi punto de vista no. Y me explico, un juzgado dirime responsabilidades de otro tipo, las políticas no pueden esperar a los lentos procesos judiciales, y no todas las imputaciones son iguales. Otra cuestión es la famosa frase que muchos recordarán, pronunciada en público por un experimentado exconcejal popular tras las últimas elecciones autonómicas: “es que a mi no me han aforado como a otros imputados”. Y esto sí es motivo para que mucha gente dimita, no tanto por imputada como por usar su condición política para evadir la acción de la justicia.
En otros casos sucede lo contrario, un partido hace una acusación, una que conlleva un delito como la prevaricación, pero decide no denunciar: “para no judicializar el tema”. Pero si es un delito, ¿no debe de dirimirlo un tribunal? estas acusaciones suelen dañar más la credibilidad del que las hace que la imagen del que las recibe. Es curioso que en una semana tuviéramos dos ejemplos tan claros en Orihuela de estas situaciones como las explicaciones de Gallud a Mancebo sobre el tema de los dátiles o las lágrimas de Ferrando al sentirse “perseguida”.
Entonces, ¿qué pasa con las responsabilidades políticas? Ha llegado la hora de que separemos el delito de la acción política. Hay muchas cosas que vemos, por las que deberíamos exigir responsabilidades políticas pero que difícilmente serían delictivas. Lo ilustraré con ejemplos: la mentira para defender una acusación (“yo pago mis trajes”), nombrar o respaldar contra viento y marea la gestión delictiva de un cargo político (como admitió nuestro Presidente del Gobierno en el caso Barcenas o el respaldo del PP oriolano a sus múltiples imputados), la mala gestión de los fondos públicos (directivos de las cajas o de RTVV).
En algunos de estos casos puede haber delito o no, eso lo decidirán los jueces, pero para las responsabilidades políticas el juez y el jurado somos los ciudadanos, y ya llevamos demasiado tiempo descuidando esta función. En este sentido podemos aprender algo de nuestros vecinos y en particular de la cultura anglosajona y su castigo a la mentira y a la falta de ética en política. No podemos permitirnos políticos irresponsables (ni los que tiran la piedra y esconden cobardes la mano, ni los que son incapaces de explicar de forma coherente su gestión, ni evidentemente los delincuentes), debemos dejar claro a los partidos políticos que la línea roja la marcamos los ciudadanos castigándolos donde les duele, en las urnas.
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