Entre otras cosas, denuncian que a todos los padres se les «aplica un protocolo de violencia de género aunque nunca se haya sido condenado por ello ni habiendo tenido una orden de alejamiento.»
Un numeroso grupos padres y familiares se han agrupado en un Plataforma de Afectados por los Puntos de Encuentro Familiar de Orihuela y Torrevieja. Con esta entidad, han señalado en un comunicado, quieren defenderse de una vulneración, a su juicio, de sus «derechos a ser y ejercer como tal con respecto a nuestros hijos e hijas, por parte de todos o la mayoría de los “profesionales”, trabajadores de la empresa concesionaria, y que ejercen con total impunidad por parte de las Administraciones, y con apoyo de unas normativas y protocolos discriminatorios que no garantizan los derechos de los menores a relacionarse con ambos progenitores.«
En este documento, los padres afirman sentirse «discriminados, maltratados psicológicamente, manipulados, incomprendidos, vilipendiados, despreciados, tristes, frustrados, no acompañados por el personal del PEF, ignorados, tratados injustamente, y un largo etc. A todos los padres se nos aplica un protocolo de violencia de género aunque nunca se haya sido condenado por ello ni habiendo tenido una orden de alejamiento. Tampoco se nos da, en su gran mayoría, información, como usuarios, sobre nuestros expedientes o sobre nuestros hijos.»
Según denuncian en el comunicado, «el Punto de Encuentro Familiar incumple o no lleva a cabo al cien por ciento, presuntamente, sentencias y documentos dictaminados judicialmente, buscando cauces y maneras de sortear legalmente dichos documentos, intentando, muchas veces, hacernos firmar documentos (tipo acuerdos o normas) con el pretexto de informar negativamente al juzgado en caso de no hacerlo. De hecho, y a modo de ejemplo, hay algún caso en el que el juzgado ha tenido que lanzar documento judicial para que el PEF cumpla con lo dictaminado en sentencia tras cancelar, el propio PEF, una custodia compartida.»
Los afectados consideran que los informes emitidos por los profesionales del PEF, en su gran mayoría, «no reproducen fielmente la realidad o las cosas ocurridas (edulcorando en muchos casos con apreciaciones subjetivas), no se explican los procedimientos empleados y carecen, por tanto, de una profesionalidad por no basarse en métodos médico-científicos sino en meras opiniones subjetivas.» Consideran también que «el personal del PEF se extralimita en las funciones encomendadas para conseguir sus objetivos y que se están incumpliendo, presuntamente, los propios protocolos y el pliego de prescripciones técnicas, con el beneplácito de la Administración, que decide mirar hacia otro lado.»
Para estos padres, el Punto de Encuentro Familiar es «una cárcel de niños y adultos, donde no hay ventilación y no entra un rayo de sol, donde para entrar te tienen que autorizar y no puedes ir acompañado, donde te encierran en salas para nada acogedoras, y donde el personal que ahí trabaja ofrece un trato poco cordial y muy restrictivo, e intentan muchas veces sacarte información externa al recurso, sobre temas vividos o que nos preocupan, por ejemplo, para ver la manera de darle la vuelta y hacer un uso en nuestra contra.»
El caso es que, lejos de solucionar o aminorar problemas, por los cuales han sido encomendados, según su visión y experiencia, lo que mas bien están provocando es «un ‘desencuentro familiar’ y una ruptura de vínculos entre padres e hijos. A nuestro modo de ver, en vez de evitar que los menores pasen el menor tiempo posible en estos lugares, los casos se alargan en el tiempo, aunque no se obtenga ningún tipo de resultado, provocando por tanto, un mayor perjuicio que antes de iniciar el expediente.»
A día de hoy, y tras noticias y casos ya públicos, los padres afirman que «la concesionaria se desentiende del tema. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, concretamente la Dirección Territorial de Servicios de Prestaciones Inclusivas de Familia y Acción Comunitaria, se niega a realizar una investigación limitándose únicamente a remitir quejas al propio PEF y devolver la contestación que aportan (recordamos que el PEF se gestiona con dinero y recursos públicos). La Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela tampoco se pronuncia al respecto ni contacta con ningún padre afectado, ni tan siquiera para interesarse.»
El Punto de Encuentro Familiar es conocedor, de manera verbal y muchas veces también por escrito, del malestar y quejas de los usuarios, pero mucho se temen que «su Coordinadora/Abogada, al igual que el resto de personal, no transmiten ni quieren poner solución a dichas comunicaciones, considerando que sus percepciones subjetivas están por encima de cualquier juzgado, documento judicial, administración o usuario. Al menos, esto es lo que percibimos por el trato que día a día recibimos y por todos los hechos ocurridos desde que entramos hasta que salimos del PEF.»
La intención de esta Plataforma de Afectados no es otra que, en primer lugar, «defender los intereses y el bienestar de nuestros hijos e hijas, y los nuestros propios, cosa que haremos de manera pública y hasta conseguir que no se vean mermados nuestros derechos y una igualdad real en las relaciones parentales de los padres que queremos ejercer la paternidad de una manera responsable.» Por otro lado tienen como objetivo, también, «informar a los padres que están en dicho recurso o los que puedan llegar a futuro, sobre sus derechos, normativas, casos reales de actuación, jurisprudencia o maneras de actuar y defenderse frente a posibles presuntos abusos de autoridad que estén recibiendo o puedan recibir. Y también es nuestra prioridad la de conseguir que se puedan instaurar medios y herramientas con los que poder demostrar, en un juzgado, el tipo de prácticas y protocolos que se utilicen de manera incorrecta o fraudulenta, y que puedan causar y provocar graves daños psicológicos a usuarios y beneficiarios del PEF.»
En esta comunicado, informan también que se están uniendo, a su vez, «los padres de toda la provincia de Alicante, de los diferentes Puntos de Encuentro Familiares, y gestionados todos por la misma empresa concesionaria. Estamos ya cansados de que se juegue con nuestros hijos y familias como si fuéramos meros objetos y armas arrojadizas para beneficiar, presuntamente, a una de las partes tras una separación problemática y donde claramente hay unos fines concretos y una ideología de género muy marcada. La unión hace la fuerza y en breve haremos acciones conjuntas, por lo que queremos aprovechar también para que todos se pongan en contacto y aunar fuerzas.»
Sin más, recuerdan a los padres y familiares afectados que «no están solos y que su caso no es el único, que entendemos perfectamente el daño y sufrimiento que están pasando y les queda por pasar. A la población en general, decirles que compartan y nos ayuden a llegar a todas las víctimas, y que entiendan que en pleno año 2025 estas cosas están pasando de manera muy frecuente. Y a los políticos, jueces, fiscales, abogados y administraciones en general, que tengan en cuenta que “lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no se protege”, y el futuro está en estos niños y en esta desestructuración familiar y desigualdad.»
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