La AFA denuncia la falta de suministro de gas en el centro y exige una solución inmediata ante el impacto en la salud del alumnado y del profesorado
La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Playas de Orihuela ha informado de los últimos avances institucionales relacionados con la grave situación que atraviesa el centro educativo, que acumula más de cuatro meses sin suministro de gas y con el sistema de calefacción totalmente inoperativo. Esta circunstancia está afectando de manera directa al bienestar y a la salud tanto del alumnado como del personal docente, que desarrolla su actividad en aulas con condiciones térmicas inadecuadas.
Tras las reiteradas reclamaciones presentadas por las familias, la Conselleria de Educación ha reconocido formalmente la existencia del problema y ha comunicado que la incidencia se encuentra en tramitación dentro de sus competencias, trasladando la responsabilidad técnica a los organismos correspondientes. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la situación sigue sin resolverse a día de hoy.
Ante la ausencia de una solución efectiva, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha comunicado oficialmente, con fecha 27 de enero de 2026, la admisión a trámite de la queja número 2600415 y el inicio de una investigación. En su resolución, el Síndic considera que podrían haberse visto afectados derechos fundamentales y ha solicitado información a las administraciones implicadas, recordándoles su obligación legal de colaboración conforme a la Ley 2/2021, de 26 de marzo.
El Síndic de Greuges ha señalado además que, una vez finalizada la investigación, podrá emitir una resolución que incluya recomendaciones y recordatorios de los deberes legales de la Administración, la cual deberá aceptarlos o rechazarlos de manera motivada. Todo ello quedará reflejado en una resolución final de cierre y, en su caso, en los informes trasladados al Parlamento Valenciano.
Desde la AFA del CEIP Playas de Orihuela se valora positivamente la intervención del Síndic como un paso relevante en la defensa de los derechos del alumnado, aunque se insiste en que la prioridad absoluta es la adopción de una solución inmediata. Las familias subrayan que cada día que pasa se prolonga una situación que nunca debió producirse en un centro educativo público.
La asociación ha asegurado que continuará informando con transparencia y utilizando todas las vías legales e institucionales necesarias hasta que el colegio disponga de unas condiciones dignas, seguras y adecuadas para toda la comunidad educativa.
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