Aseguran que la Generalitat «vuelve a abandonar a los más vulnerables de la sociedad»
El PSOE de la Vega Baja ha denunciado la situación en la que se encuentran las viviendas sociales que se encuentran a cargo de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Según denuncian los socialistas, la Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón, y su Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, dirigida por Susana Camarero,» siguen demostrando día a día la escasa importancia que otorgan a los ciudadanos, especialmente a las personas más desfavorecidas socialmente».
A los ya conocidos retrasos en la firma de los acuerdos de financiación de los ayuntamientos y en el pago de estas subvenciones —que están asfixiando principalmente a los municipios más pequeños— o al aumento de la capacidad de las residencias de mayores disminuyendo las ratios del personal que atiende, se suma ahora, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), el abandono de las viviendas sociales, como las de Orihuela, Pilar de la Horadada o Almoradí.
«Los ayuntamientos de nuestra comarca están renovando actualmente los contratos programa, es decir, los acuerdos que determinan la financiación de los servicios sociales, caducados desde diciembre de 2024. Esto supone, además de la imposibilidad de los ayuntamientos de contratar personal al no saber cuáles serán los programas financiados, un retraso importante en el cobro de las subvenciones, con la consiguiente asfixia económica —sobre todo de los municipios más pequeños— y un empeoramiento de la calidad de los servicios sociales que se prestan.
Si esto no fuera suficiente, hemos conocido recientemente por prensa la situación de abandono en la que se encuentran las viviendas sociales de Orihuela, gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que también administra las de Pilar de la Horadada y Almoradí», manifiestan desde el PSOE.
Treinta y cuatro familias llevan más de un mes sin ascensor, un problema especialmente grave cuando los usuarios de estas viviendas son familias desfavorecidas, personas mayores o, como en el caso de Orihuela, personas con discapacidad y movilidad reducida. «Los usuarios abonan alquileres de alrededor de 300 euros, más 50 euros en concepto de gastos de comunidad, pagos que deberían garantizar, como en cualquier comunidad de propietarios, la existencia de servicios dignos», afirman los socialistas.
Además, desde la formación comarcal piden que no se abandone a los más necesitados. «Cada vez está más claro que la gestión de los servicios sociales resulta insuficiente para el gobierno actual. La ciudadanía no necesita volver a unos servicios sociales caritativos, sino disponer de derechos y de servicios sociales de calidad. No se puede abandonar a los más desfavorecidos».
