Los concejales implicados del PSOE se niegan a abstenerse para bloquear la creación de la comisión de investigación
Lo que comenzó como un aviso de la alcaldesa, la socialista Amparo Serrano, a la Policía Local por una fiesta privada sin permiso en la piscina municipal, ha destapado una cadena de hechos que el Partido Popular considera extremadamente graves y que afectan de lleno a la credibilidad del gobierno municipal tripartito.
Según se ha conocido, cuando la Policía Local acudió al recinto municipal se encontró con una situación insólita: en el interior de la fiesta ilegal se encontraban dos concejales del equipo de gobierno. Lejos de procederse a la suspensión del evento, el concejal responsable de Policía, el independiente Javier Pérez, habría optado por permitir la continuidad de la fiesta, con la única condición de apagar la música a partir de las 00:00 horas. La alcaldesa ha justificado que ella tampoco dio instrucciones porque apagó el teléfono durante cuatro horas al entrar al cine, tras dar ella misma el aviso de la fiesta ilegal.
Para los populares, estos hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación por parte del concejal de Policía y otro de tráfico de influencias por parte de los concejales del PSOE, al entender que se aplicó un criterio distinto al que se usaría con cualquier ciudadano. Por ello, han solicitado la creación de una comisión de investigación, pidiendo además que los tres ediles implicados y la alcaldesa no participaran en la votación, al existir un evidente conflicto de intereses.
La sorpresa y la indignación llegó cuando desde el Ayuntamiento se ha avalado jurídicamente que todos los concejales implicados, incluida la alcaldesa, pudieran votar sobre la apertura de dicha investigación. Todo ello pese a que la propia alcaldesa ha dado versiones contradictorias, negando inicialmente conocer la existencia de la fiesta, hecho que fue desmentido por Javier Pérez en rueda de prensa.
La portavoz de los populares, Inmaculada Cascales, ha declarado: “Callosa de Segura no se enfrenta solo a un escándalo político, sino a una crisis de confianza. La ciudadanía merece saber qué ocurrió, quién tomó cada decisión y por qué. Un equipo de gobierno no puede mantener su credibilidad cuando quienes están bajo sospecha votan para frenar una comisión de investigación. El silencio, las votaciones interesadas y las explicaciones insuficientes no protegen al equipo de gobierno, lo debilitan”.
El Partido Popular estudia acciones legales contra los implicados, al considerar que se ha cruzado una línea roja que pone en cuestión la igualdad ante la ley, la transparencia y el respeto a lo público.
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