Aunque la nueva ley autonómica contempla mecanismos para preservar los núcleos costeros tradicionales por su valor etnológico, la Generalitat no tiene actualmente las competencias transferidas por el Estado para gestionar el dominio público marítimo-terrestre
La Generalitat Valenciana ha iniciado la tramitación para declarar las casas centenarias de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura, como núcleo urbano de especial valor etnológico. La petición fue presentada por la Asociación de Vecinos al amparo de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, en vigor desde mayo. Con esta medida, los residentes buscan frenar la demolición de más de 60 viviendas previstas a partir del 15 de septiembre, tras haber finalizado las concesiones otorgadas por el Estado. Sin embargo, esta declaración aún está en fase inicial y no supone una protección efectiva inmediata.
La clave del conflicto radica en que el Gobierno Central denegó la prórroga de las concesiones al considerar que estas edificaciones perjudican el entorno costero. Estudios técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica indican que las casas actúan como una barrera que contribuye a la regresión de la playa, agravada por el cambio climático. Los vecinos, en cambio, atribuyen ese retroceso a la construcción de una escollera en los años 90 en la desembocadura del río Segura, que modificó el flujo natural de sedimentos hacia la costa.
Aunque la nueva ley autonómica contempla mecanismos para preservar los núcleos costeros tradicionales por su valor etnológico, la Generalitat Valenciana no tiene actualmente las competencias transferidas por el Estado para gestionar el dominio público marítimo-terrestre. Es decir, no puede tomar decisiones vinculantes sobre la ocupación ni evitar legalmente los derribos. La propia normativa reconoce esta limitación y establece que los artículos que afectan a la gestión del litoral no serán aplicables hasta que se produzca formalmente ese traspaso de competencias, algo que, a 6 de agosto, aún no ha ocurrido.
Este vacío de competencias está generando un gran enfrentamiento político, ya que el Partido Popular presentó una moción municipal para proteger las viviendas bajo la ley autonómica, pero fue rechazada por el equipo de gobierno socialista, que considera la propuesta inviable legalmente.
