La sanidad pública en Torrevieja, bajo presión por falta de inversión

La falta de inversión y transparencia agrava las listas de espera y evidencia desigualdades entre departamentos de la Comunidad Valenciana

La Plataforma por la Sanidad Pública de Torrevieja ha denunciado que el departamento de salud de la ciudad ha quedado excluido del reciente programa anunciado por la Generalitat Valenciana para ampliar en 12.310 camas hospitalarias. Una decisión que, según el colectivo, refuerza el desequilibrio sanitario que sufre esta zona y deja sin respuesta el aumento sostenido de su población.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, correspondiente al segundo semestre de 2025, la Comunidad Valenciana presenta una demora media estructural de 95 días naturales para acceder a una primera consulta de atención especializada, situándose como el sexto mejor promedio a nivel nacional. Sin embargo, esta cifra global no refleja la realidad que, según denuncian desde Torrevieja, viven los pacientes del departamento, donde la percepción generalizada apunta a esperas mucho más prolongadas.

Las primeras consultas de atención especializada son clave en el recorrido asistencial de cualquier paciente. Constituyen la puerta de entrada al diagnóstico y al tratamiento, y en ellas se determinan las decisiones clínicas fundamentales. Por ello, su saturación se traduce en un importante cuello de botella dentro del sistema sanitario, afectando directamente a la calidad de la atención.

Uno de los aspectos más criticados por la plataforma es la falta de información desagregada. Tanto el Ministerio de Sanidad como la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ofrecen únicamente datos globales, sin detallar la situación concreta de cada departamento. Esta práctica, que se arrastra desde 2015, impide identificar desigualdades territoriales y dificulta la adopción de medidas específicas.

La consecuencia directa es la invisibilización de las diferencias entre departamentos. Mientras áreas metropolitanas como las de Valencia cuentan con mayores recursos, zonas periféricas como Torrevieja presentan carencias significativas, agravadas por su reciente reversión al sistema público tras años de gestión externalizada.

El caso de Torrevieja es paradigmático. El crecimiento poblacional no ha ido acompañado de un refuerzo proporcional de los servicios sanitarios públicos. La plataforma denuncia una oferta asistencial “atrofiada” frente a una demanda creciente, lo que se traduce en listas de espera estructurales y una pérdida progresiva de calidad en la atención.

A ello se suma la paralización o retraso de infraestructuras clave, tanto en atención primaria como hospitalaria, incluyendo el proyectado segundo hospital del departamento. La reciente decisión de no incluir a Torrevieja en el plan de ampliación de camas hospitalarias agrava aún más esta situación, especialmente si se tiene en cuenta que el departamento cuenta con menos camas por habitante que la media autonómica.

En paralelo, se observa un incremento de iniciativas privadas en el ámbito sanitario. Diversos gobiernos municipales están promoviendo la implantación de centros privados, lo que, según la plataforma, se ve incentivado por las largas listas de espera en la sanidad pública. Esta tendencia, advierten, puede agravar la desigualdad en el acceso a la atención, perjudicando especialmente a los sectores más vulnerables.

Ante este escenario, la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Torrevieja reclama una apuesta decidida por el sistema público. Entre sus principales demandas destacan la publicación de datos desglosados por departamentos, una mayor inversión en infraestructuras y recursos humanos, y la implantación de un marco de garantías que establezca plazos máximos de acceso a los servicios sanitarios.

En otras comunidades autónomas ya existen modelos de este tipo. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se fijan plazos máximos de 30, 60 y 180 días para pruebas diagnósticas, consultas especializadas y cirugías no urgentes, respectivamente. En la Región de Murcia, estos límites son de 30, 50 y 150 días. Además, en casos graves como procesos oncológicos, los tiempos se reducen considerablemente, garantizando una atención más ágil.

La plataforma insiste en que la demora estructural —aquella derivada de la organización y los recursos del sistema— no puede seguir siendo una constante. Reclaman medidas urgentes que garanticen la equidad y el acceso en condiciones dignas a la sanidad pública para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.