Los expertos concluyen que la desalación y la reutilización de agua son necesarias para complementar el Trasvase Tajo-Segura

El Trasvase Tajo-Segura precisa la complementariedad de la desalación y la reutilización para garantizar los caudales necesarios en los territorios a los que suministra agua

El viernes se celebró en el Real Club Náutico de Torrevieja la jornada de difusión científica «Gestión de la escasez de recursos hídricos«. La principal conclusión es que el Trasvase Tajo-Segura precisa la complementariedad de la desalación y la reutilización para garantizar los caudales necesarios en los territorios a los que suministra agua. El encuentro ha sido impulsado por el Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), el Ayuntamiento de Torrevieja, la Diputación de Alicante, la Cátedra del Agua de la Diputación de Alicante y la UA, AGAMED y VEOLIA.​ La jornada ha estado coordinada por la Catedrática del departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA, Inmaculada López, y por la profesora del mismo departamento, Patricia Fernández.

El Catedrático del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA y moderador de la jornada, Joaquín Melgarejo, ha señalado que «el déficit estructural de la cuenca del Segura solo puede abordarse desde la complementariedad de los distintos recursos hídricos: el Trasvase Tajo-Segura como pilar fundamental, al que hay que sumar la reutilización de aguas regeneradas, las aguas superficiales y subterráneas y los recursos procedentes de la desalinización. Todo ello debe armonizarse desde una gobernanza responsable, basada en la equidad».​

En la apertura, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha destacado que «esta jornada tiene como objetivo generar un foro en el que la comunidad científica intercambie opiniones y, sobre todo, presente las últimas investigaciones sobre el uso de los recursos hídricos. Espero que sea un encuentro muy productivo, en el que se hable de lo que realmente importa: la falta de recursos hídricos y cómo resolverla».​

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Marina Sáez, ha afirmado que «la Diputación de Alicante siempre ha llevado el estandarte de la defensa del agua como elemento clave para la cohesión territorial. La provincia de Alicante y, en general, la Comunitat Valenciana sufren un problema estructural de ausencia de caudales y de gestión de recursos hídricos que todavía no se ha resuelto».​

En la apertura del encuentro, la directora general del Agua, Lourdes María Pérez, ha asegurado que «aquí el agua nunca ha sido abundante y, precisamente por ello, este territorio ha aprendido algo especial: aprovechar cada gota. De esta necesidad nació una auténtica cultura del agua basada en la planificación, la cooperación y la eficiencia, que ha permitido convertir una limitación natural en un ejemplo de gestión e innovación». Ha añadido que «hoy afrontamos nuevos retos: el cambio climático, la irregularidad de las precipitaciones y el incremento de la demanda nos obligan a gestionar el agua con más eficiencia, más planificación y más responsabilidad que nunca. Desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca estamos reforzando infraestructuras, mejorando la eficiencia del sistema y optimizando el uso de cada recurso disponible».​

Pérez ha subrayado que «en este contexto quiero destacar una infraestructura absolutamente estratégica para esta provincia: el postrasvase Júcar-Vinalopó, un proyecto pensado para reducir la sobreexplotación de acuíferos y garantizar recursos hídricos para el Vinalopó y para miles de agricultores. Desde la Generalitat estamos ejecutando las obras del postrasvase que permitirán llevar el agua allí donde realmente se necesita».​

Por último, el gerente de Aguas del Arco Mediterráneo, S.A. (AGAMED), Jorge Ballesta, ha explicado que «hemos organizado una jornada con diferentes temáticas para conocer todas las posibilidades existentes en la gestión del agua, con el fin de aportar más caudales a la cuenca del Segura, que es claramente deficitaria».​

Ponencias

El profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mariano Soto, ha defendido que «el mix de trasvase, desalación y reutilización es ideal para asegurar el abastecimiento de la agricultura y del resto de sectores económicos y sociales«. Ha resaltado que «el agua marina desalinizada es fundamental como complemento del resto de recursos hídricos para garantizar la producción agrícola futura, ya que se trata de un recurso inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, lo que garantiza su suministro». Como principal desventaja ha señalado «su alto coste, debido al gran consumo energético, las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, los posibles problemas agronómicos (iones fitotóxicos) y su localización limitada a zonas costeras».​

Soto ha subrayado que «ahora más que nunca resulta necesario el aporte del Trasvase Tajo-Segura, porque sus aguas tienen alta calidad química, un precio asequible y emisiones asociadas moderadas. Hay que avanzar hacia un sistema integrado del agua, en el que se conecten adecuadamente todos los recursos hídricos (superficiales, subterráneos, trasvases, reutilización y desalinización) y las demandas, manteniendo los caudales ecológicos necesarios. Lo importante es que el coste del agua de riego sea asumible para el agricultor».​

El director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ha afirmado que, en materia de caudales ecológicos, «hay una situación de desorden por la falta de criterios únicos, asumidos por todos, que establezcan una cierta equidad en el tratamiento de los problemas ambientales de las distintas cuencas». Ha añadido que «según la demarcación, el tratamiento ha sido diferente, las determinaciones se han hecho con metodologías heterogéneas y los criterios son distintos, lo que da lugar a una inequidad indeseable que es necesario reconducir con urgencia».​

En relación con los caudales ambientales, Cabezas ha indicado que «se da una circunstancia singular: todavía no se puede constatar si las modificaciones que se introducen suponen efectivamente una mejora ambiental. Se fijan unos valores, se explota el sistema intentando acercarse a ellos y luego se comprueba que hay desviaciones importantes, pero no hay contraste suficiente sobre la eficacia ambiental de las medidas. Se puede estar dando la situación paradójica de que, con el objetivo de preservar y mejorar el medio ambiente, en realidad se estén introduciendo cambios en la distribución de caudales o en los flujos que generan efectos sin relación con el medio ambiente«.​

El profesor de la Universidad de Alcalá, Alberto del Villar, ha señalado que «las zonas regables de influencia del Trasvase Tajo-Segura afectadas por la propuesta de recorte abarcan más de 150.000 hectáreas, que utilizan 753 hm³/año, de los que el 28% proceden del ATS. Las explotaciones agrarias generan una Producción Total Agraria estimada en 2.392 millones de euros anuales, con un Valor Añadido Bruto (VAB) de unos 2.119 millones de euros. El empleo directo mantenido por las explotaciones de regadío se estima en unos 77.300 puestos de trabajo a tiempo completo. Indirectamente, la actividad económica asociada aporta otros 5.818 millones de euros anuales en VAB y genera unos 79.000 empleos a tiempo completo. En conjunto, el sistema agrario asociado a estos recursos genera unos 8.000 millones de euros en VAB y más de 150.000 empleos directos e indirectos».​

Del Villar ha añadido que «el agua del trasvase destaca por su fiabilidad, calidad y coste competitivo, ya que sostiene uno de los sistemas agrarios más productivos de Europa. En la provincia de Alicante, los efectos de la reducción de caudales derivados a través del ATS por el incremento del caudal circulante en el Tajo, a partir de 2027, podrían suponer una pérdida de actividad económica de hasta 198,5 millones de euros, unida a la destrucción de algo más de 5.700 puestos de trabajo en todos los sectores«.​

La presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), Belén Gutiérrez, ha manifestado que «la desalación debe considerarse un recurso complementario, adicional al resto de recursos hídricos disponibles en cada territorio, ya sean naturales o procedentes de la reutilización. Lo importante es aprovechar cada gota, ya sea de trasvase, desalación o reutilización; todos los recursos contribuyen a garantizar la resiliencia y la disponibilidad de agua que necesitan los territorios, independientemente de la climatología, y aseguran la seguridad hídrica de las regiones y del conjunto de España».​

El counsel de Público y Sectores Regulados de Gómez-Acebo & Pombo, Eduardo Orteu, ha puesto de relieve que «el régimen jurídico de la desalación en España está diseñado para su impulso desde la iniciativa pública. El legislador no prohíbe el desarrollo de proyectos privados para producir, suministrar y consumir agua desalada, pero tampoco contempla expresamente esta posibilidad ni regula su articulación jurídica».​

Orteu ha subrayado que «la interpretación del Tribunal Supremo resulta innecesariamente intervencionista sin aportar garantías adicionales para preservar las facultades de planificación hidrológica de la Administración del agua. Además, añade complejidad a un procedimiento ya de por sí proceloso y suma dificultades al desarrollo de la desalación de agua de mar por parte de la iniciativa privada, precisamente en un momento en el que el sector empresarial está impulsando nuevos proyectos, más allá de los que, de manera limitada, está retomando el sector público».​

Asimismo, ha explicado que «se reconoce expresamente la posibilidad de que los operadores, públicos o privados, cobren por el servicio de producción y suministro de agua regenerada a los usuarios finales. Con ello se pretende incentivar a las entidades locales y, especialmente, a los operadores privados para que acometan proyectos de reutilización en aquellos casos en los que no exista interés en el aprovechamiento directo del agua regenerada o en su regeneración por parte del primer concesionario o del titular de la autorización de vertido, que hasta ahora debía asumir el coste sin posibilidad de repercutirlo en los usuarios».​

«En un momento de estrés hídrico como el actual, a pesar de las recientes lluvias, y teniendo en cuenta las permanentes restricciones presupuestarias a las que se enfrenta la Administración del agua en España, que impiden acometer todas las inversiones en infraestructuras de abastecimiento previstas en la planificación hidrológica, no parece oportuno poner trabas a la participación del sector privado en la gestión del agua, siempre sin perder el imprescindible control sobre el cumplimiento de los objetivos de la planificación», ha concluido Orteu.​

El director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, ha indicado que «el proceso de implantación de los caudales ecológicos en España ha sido lento y aún no se ha completado en todas las demarcaciones ni en todos sus componentes. Se ha debatido ampliamente si este concepto es plenamente compatible con la Directiva Marco del Agua (DMA), que no lo menciona de forma expresa. No obstante, otros actos normativos de la Unión Europea sí lo contemplan e incluso existen guías técnicas para su aplicación».​

Molina ha señalado que «la reducción de aportaciones del ATS derivada de los caudales ecológicos del Tajo difícilmente podrá compensarse mediante soluciones alternativas como la desalación o la reutilización, lo que podría ocasionar daños significativos a la economía y al tejido social del Levante. Por ello, no puede descartarse la eventual exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado a favor de los usuarios del ATS. El establecimiento de los caudales ecológicos en el Tajo ha estado fuertemente condicionado por la politización del debate, dada su incidencia directa en el ATS, en contraste con la normalidad con la que operan otros trasvases intraautonómicos, como el Negratín-Almanzora, el Tajo-Guadiana o el de la cola del Ebro hacia las cuencas internas catalanas (Tarragona)».​

Ha concluido que «una reciente sentencia del Tribunal Supremo apunta a la invalidez del sistema de escalonamiento de los caudales ecológicos en el Tajo. No obstante, su aplicación anticipada podría generar una contradicción evidente entre el Plan Hidrológico del Tajo y el Plan Hidrológico del Segura, lo que plantea interrogantes sobre su implementación».