El tiempo corre en contra de los vecinos ya que, salvo cambios de última hora, el 15 de septiembre está prevista la demolición de las casas
Guardamar del Segura fue escenario este miércoles de una multitudinaria manifestación que reunió a más de 500 personas en defensa de las casas de Babilonia en una marcha hasta la plaza del Ayuntamiento. La protesta puso el foco en la inseguridad jurídica que afecta a las 100 familias propietarias de las históricas casas de Babilonia, cuya continuidad está comprometida pese a que el Tribunal Supremo ha reconocido su derecho a prórroga tras la reforma de la Ley de Costas en 2013 y la directriz del Parlamento Europeo.
El tiempo corre en contra de los vecinos ya que, salvo cambios de última hora, el 15 de septiembre está prevista la demolición de las casas.
Las Casas de Babilonia, a punto de cumplir un siglo, fueron construidas siguiendo los planos del ingeniero Francisco Mira como barrera contra el avance de las arenas, en coordinación con el Ayuntamiento a principios del siglo XX. La memoria constructiva de la época subrayaba que estas edificaciones eran esenciales para proteger el pueblo y la pinada de Guardamar frente a los temporales y el movimiento de las dunas.
La asociación vecinal reclama ahora que estas viviendas sean catalogadas como patrimonio cultural y núcleo de valor etnológico, amparándose en la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano y la reciente Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que contempla figuras de protección para asentamientos históricos. También recuerdan que la Ley de Costas, desde 1988, ya prevé excepciones para casos de especial relevancia, ratificadas por el Tribunal Supremo.
Los manifestantes también denunciaron la falta de respuesta del Ayuntamiento, que acumula cinco requerimientos de información pública de la asociación desde 2019. El Síndic de Greuges abrió una investigación y concluyó que el consistorio ha vulnerado el derecho de acceso a la información y el deber de colaboración con la institución autonómica.
El Síndic reprocha que el Ayuntamiento no ha contestado a las solicitudes ni remitido los informes requeridos en los plazos legales, incumpliendo sus obligaciones y arriesgándose a que se identifique públicamente a los responsables.
