Mazón denuncia la política hídrica del Gobierno de España que en 7 años “ha aplicado 26 recortes al Trasvase Tajo-Segura”

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El presidente de la Generalitat ha advertido que estas decisiones, junto con las nuevas reglas de explotación del acueducto, “ponen en peligro la supervivencia de 14 millones de árboles y 70.000 hectáreas de huerta, así como 106.000 empleos directos y más de 300.000 indirectos en Alicante, Almería y Murcia”

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lanzado un duro mensaje al Gobierno central al denunciar que, en los últimos siete años, se han aplicado 26 recortes al trasvase Tajo-Segura “sin explicación alguna”, una política que ha calificado de “hostil” y con consecuencias directas para la agricultura en el sureste español.

El jefe del Consell ha advertido que las nuevas reglas de explotación del acueducto, sumadas a los recortes ya ejecutados, “ponen en peligro la supervivencia de 14 millones de árboles, 70.000 hectáreas de huerta y más de 100.000 empleos directos, así como otros 300.000 indirectos” en las provincias de Alicante, Almería y Murcia. “Estamos hablando de un daño real, de un ataque al corazón productivo de una zona estratégica para toda España”, ha insistido Mazón, reiterando el respaldo “total” de la Generalitat al sector agrícola y ganadero valenciano.

Defensa del sector primario

El máximo representante del ejecutivo autonómico reafirmó que el sector primario es “uno de los pilares esenciales de la identidad valenciana” y destacó su papel clave en el mantenimiento del territorio y el equilibrio medioambiental y socioeconómico de la región.

En este sentido, señaló que la Generalitat trabaja “codo a codo” con agricultores y ganaderos para dar respuesta a los retos que afronta el campo, como la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, en sus palabras, “resulta inasumible” por imponer exigencias alejadas de la realidad productiva del territorio.

También denunció la competencia desleal de productos de terceros países que no cumplen los estándares exigidos a nivel nacional, la transformación en los hábitos de consumo y el problema del envejecimiento de los profesionales del campo, así como la falta de relevo generacional. “Este Consell está con el campo. Lo estamos demostrando con hechos y con recursos, porque no podemos permitir que se ponga en riesgo el futuro de una actividad que es esencial para nuestro territorio y para nuestra economía”, concluyó.