La ACMO alerta de que el Ayuntamiento adeuda cerca de 400.000 euros a los establecimientos adheridos a la campaña
El tejido comercial de Orihuela ha mostrado su creciente inquietud ante los retrasos en el pago del Bono Consumo por parte del Ayuntamiento, correspondiente al 50% del importe total que debía ser asumido por la administración local. Así lo ha trasladado la ACMO (Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela), que advierte de una situación que empieza a ser crítica para muchos negocios.
De acuerdo con la asociación, solo unos pocos establecimientos han recibido los pagos, mientras que la gran mayoría de comercios no ha percibido todavía ninguna cantidad, a pesar de haber participado en la campaña y haber adelantado el importe correspondiente a los descuentos aplicados a los clientes.
Desde la ACMO se estima que la deuda acumulada por parte del consistorio oriolano podría alcanzar los 400.000 euros, una cifra que, aseguran, supone un importante golpe para la economía de los pequeños y medianos comercios del municipio.
Los comerciantes temen que esta falta de liquidez les impida hacer frente a sus gastos corrientes, como el pago de seguros, la adquisición de materias primas o la compra de stock para la venta, poniendo en riesgo la estabilidad de numerosos negocios locales. La asociación insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento agilice los pagos para evitar un mayor impacto negativo en el comercio de proximidad.
Una campaña muy positiva
A pesar de la complicada situación actual, desde la ACMO han calificado como “muy positiva” la última campaña de Bono Consumo. Sin embargo, desde la entidad resaltan la necesidad de “adelantarlo” para evitar su “coincidencia estricta” con las fechas navideñas. “Muchos ciudadanos hacen sus compras antes de las fiestas, por lo que sería más adecuado que se adelante el Bono Consumo a la primera quincena de diciembre”. De esta manera, la campaña sería “más eficaz”.
Sin embargo, las consecuencias saltan a la vista, y el Ayuntamiento todavía no ha pagado su parte, o que pone en jaque al tejido comercial oriolano, que comienza 2026 con más dudas que certezas.
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