El presidente de la entidad, Lucas Jiménez, critica la «falta de alternativas reales» y acusa al Gobierno de «tomar decisiones políticas sin tener en cuenta su impacto en el campo levantino»
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha reaccionado con preocupación tras conocer el informe elaborado por la Universidad de Alicante sobre las consecuencias del recorte en el uso de aguas subterráneas previsto para 2027, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.
Según el estudio, la reducción podría suponer la pérdida de 40.722 hectáreas de explotaciones agrarias, lo que representa un duro golpe para el sector primario del sureste español. “Venimos advirtiendo desde hace años que la pinza de los dos recortes –trasvase Tajo-Segura y aguas subterráneas– puede dar al traste con un porcentaje elevadísimo de explotaciones agrícolas”, ha declarado el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez.
El plan contempla un recorte total de 316,7 hectómetros cúbicos: 103,5 hm³ correspondientes al trasvase Tajo-Segura y 213,2 hm³ a aguas subterráneas. Frente a esta merma, solo se prevé un incremento en la capacidad de desalación de 38 hm³, una medida que el sindicato considera claramente insuficiente. “Pretenden cerrar una herida tan profunda con una tirita ínfima”, ha criticado el presidente.
SCRATS ha anunciado que en los próximos días presentará su propio informe, detallando las consecuencias económicas de estas medidas para las provincias afectadas. Mientras tanto, insta al Gobierno a paralizar los recortes, especialmente los del trasvase, que califica de “determinación política”. “No se puede seguir jugando de esta manera con el pan de la gente. Con el futuro de un sector que sigue empeñado en producir alimentos a precios competitivos y de calidad insuperable”, ha recalcado Jiménez.
Asimismo, el dirigente ha hecho un llamamiento a la unidad de los representantes políticos y sociales del sureste para “neutralizar” los recortes, denunciando que la planificación del Tajo ha estado “marcada por directrices políticas” impuestas por la entonces Vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera.
Por último, ha sido tajante al afirmar que “el recorte de las aguas subterráneas es inaceptable mientras no existan recursos alternativos suficientes y accesibles”, y ha advertido de que el sector primario, incluido el ganadero, no aceptará otra vía.
