Cambiemos denuncia adjudicaciones a la baja en el Plan Edificant “que pueden disminuir la calidad de las reformas”

La formación señala bajadas en las licitaciones de hasta el 35% con respecto al presupuesto inicial de Conselleria

El Grupo Municipal Cambiemos Orihuela ha realizado la comparación de diez de los centros educativos a los que han optado empresas para llevar a cabo las obras de reforma del Plan Edificant en el municipio de Orihuela. Llegando a encontrar bajadas de presupuesto licitado hasta del 35% como es el caso del Colegio Sra. Monserrate de Molins y del cerca del 30% en los colegios Manjón y Miguel Hernández.

La concejala de Cambiemos María Sandoval ha explicado esta mañana en rueda de prensa “debido a que Conselleria no estableció unos criterios comunes para la adjudicación de las obras hemos podido comprobar, al igual que ha ocurrido en otros municipios, que en general, y salvando la Excepción del IES Las Espeñetas, todas las adjudicaciones son a la baja, con diferencias que llegan hasta los 100.000 mil euros. Entendemos que esta rebaja supone un perjuicio grave en la calidad de las obras y por consiguiente pueden suponer sobrecostes y retrasos en la ejecución de las mismas.”

Es muy grave que, habiéndose presupuestado unas cantidades previstas, que eran las necesarias para acometer las obras, debido a la escasez de presupuesto no es posible llevar a cabo las reformas necesarias. Es el caso del Colegio Andrés Manjón, sabemos que el proyecto licitado no responde a las necesidades reales del centro, pues para combatir las humedades están utilizando plazas de pladur, reduciendo sustancialmente el tamaño de las aulas, lo que perjudica al alumnado y además conlleva incumplir con el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero en el que se establece que las aulas de primaria deben tener un espacio de 1,5 metros cuadrados por persona. Más aún, teniendo en cuenta la necesidad de separación entre alumnos, como consecuencia de la pandemia del COVID. Además las obras del CEIP Andrés Manjón conllevan la reducción de aseos del profesorado a la mitad. Por lo que al final se acaba perjudicando a toda la comunidad educativa.” Ha subrayado la coportavoz del grupo municipalista.

El fin último ha de ser el de dar a la infancia y juventud unos centros públicos bien acondicionados, con instalaciones de calidad, duraderas y seguras y que estemos comprobando que esto no es así es muy grave por el mal uso de los fondos públicos que supone. Además de los perjuicios para la comunidad educativa, que, ya no solo en este centro, sino en todos, tendrán que aguantar durante meses las obras o volver a realizarlas dentro de unos años para solventar las carencias de lo proyectado ahora.”

Por último, la crítica que también recogemos por parte del colegio de arquitectos de Valencia, que señalaban en una nota de prensa el pasado julio que se está primando el precio a la baja, mientras que la calidad, tal como establece la Ley de Contratos del Sector público está quedando relegada a un segundo o tercer plano.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) prescribe, según el Colegio de Arquitectos de Valencia que “los órganos de contratación velarán porque se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura”

Nos preguntamos, a qué responden estas adjudicaciones, a quienes benefician en última instancia y por descontado sabemos que el interés que seguro no está primando es el de las niñas y niños a unos centros educativos en condiciones dignas”, concluye Sandoval.

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