Autoridades y regantes alertan de graves impactos económicos, sociales y ambientales en el sureste español
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al considerar que han sido impulsadas “sin respaldo técnico, sin diálogo real y sin escuchar a los regantes ni a las comunidades autónomas afectadas”. Según advirtió, estos cambios, promovidos por el Gobierno de España, “ponen en riesgo el futuro de miles de familias y el equilibrio hídrico que durante décadas ha sostenido al sureste español como referente agrícola”. Afirmó incluso que la aplicación de estas reglas “convertirá la huerta de Alicante en desierto”.
Barrachina insistió en que decisiones de este calibre deben basarse en informes rigurosos y transparentes, recordando que el trasvase es una infraestructura esencial para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y el sureste andaluz. Estas declaraciones se produjeron durante un encuentro con regantes y alcaldes afectados, en el que también participaron la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.
El conseller aseguró que la Generalitat “defenderá cada gota” y rechazará “recortes injustificados”. Además, denunció que el Gobierno central continúa enviando a Portugal volúmenes de agua “muy superiores a los solicitados”, afirmando que “se están enviando 6.000 hm³ y ahora se suman 100 hm³ más”. Barrachina reclamó una revisión urgente de estos envíos y llegó a afirmar que el Gobierno “prefiere Portugal inundado que Alicante regado”.
La Generalitat, añadió, seguirá trabajando junto a regantes y administraciones para garantizar un modelo hídrico “justo, solidario y basado en criterios exclusivamente técnicos”.
Preocupación desde la Diputación de Alicante
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, calificó las nuevas reglas de explotación como “un nuevo mazazo” que pone en riesgo la viabilidad del trasvase. Acusó al Gobierno de España de promover una política del agua “alejada del interés general y del principio de solidaridad” y “carente del rigor científico y técnico” necesario.
Advirtió que los cambios previstos, junto al aumento de los caudales ecológicos, provocarían “pérdidas económicas millonarias, destrucción de miles de empleos y avance de la desertificación”. Pérez aseguró que la Diputación utilizará todos los mecanismos disponibles para defender los intereses de la provincia, subrayando que “el agua es un derecho de todos”.
Durante el encuentro celebrado en el MARQ, en el que se presentó un informe técnico remitido al Ministerio para la Transición Ecológica por la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, el dirigente alicantino lamentó que las decisiones se estén tomando “sin rigor científico alguno”. Recordó que la agricultura alicantina abastece a gran parte del país y genera oportunidades económicas y sociales en una provincia que es la quinta en aportación al PIB y la cuarta en población.
También destacó la “alineación perfecta” con la Generalitat Valenciana en esta legislatura para defender el trasvase, asegurando que ahora las tres comunidades afectadas actúan coordinadas ante lo que definió como una amenaza para sus territorios.
Nueva advertencia sobre los efectos del cambio normativo
Por su parte, Barrachina reiteró que la modificación prevista para diciembre supone “un verdadero crimen ecológico” y pidió que “la ciencia sustituya a la ocurrencia”. Cuestionó los envíos de agua a Portugal, denunciando que el país vecino recibe “más de 6.000 hm³ cuando el pacto es de 2.400”, y afirmó que recortar recursos para Murcia, Alicante y Almería equivale a “cortar diez millones de árboles” y actuar como “un Robin Hood inverso”.
El acto en el MARQ contó con la presencia de representantes institucionales, regantes y agricultores de toda la provincia, reflejando la creciente preocupación que vive el territorio ante un cambio de reglas que, según sus críticos, puede transformar de forma profunda su economía y su paisaje.
