Los populares consideran que «esta modificación supone un agravio para los usuarios finales del Trasvase Tajo-Segura pues conlleva una reducción considerable de los caudales trasvasables»
El Grupo del Partido Popular de Cox ha presentado esta mañana una moción para exigir al Gobierno de España que suspenda la modificación del Real Decreto 773/2014 de 12 de septiembre por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase del acueducto Tajo-Segura, y que propone la modificación de parámetros, reduciendo el volumen de trasvase en nivel 2 de los 38 hm3/mes vigentes a 27 hm3/mes y elevar el umbral de volumen acumulado disponible que define el límite entre los niveles 1 y 2 de 1200 a 1400 hm3, manteniéndose el resto de los parámetros en su valor actual.
Esta modificación supone un agravio para los usuarios finales del Trasvase Tajo-Segura pues conlleva una reducción considerable de los caudales trasvasables y llega en un momento inoportuno, pues interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo ocasionando una gran distorsión al proceso de participación publica asociado a la elaboración del Plan.
Igualmente, según el portavoz del Grupo Popular, Manuel Pérez Manresa “resultaría arbitraria, carente de la debida justificación, y por tanto nula de pleno derecho” además de ir en contra de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia, eficiencia y necesidad, y no resulta racional, ni razonable, por cuanto que no se basa en datos reales completos que debería ofrecer la nueva planificación hidrológica.
Esta decisión supone un ataque directo a la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura que no se sustenta en razones hidrológicas y que además, no es aceptada por los supuestos beneficiarios de esta.
Desde el Grupo Popular de Cox se hace un llamamiento claro sobre este Real Decreto, y no es otro, que debe paralizarse por resultar inoportuno y claramente arbitrario. Por ello, se insta al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica, a la paralización, de forma inmediata, de cualquier instrumento, legal o reglamentario, destinado a modificar las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, hasta que no se apruebe el Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, y se concreten todos los datos hidrológicos, reservas y programas de medidas establecidas en el mismo.
A la vez que se exige al Gobierno de España a consensuar con los usuarios finales cualquier cambio del actual escenario de explotación del acueducto Tajo-Segura, y lo traslada, no solo al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica, sino también a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Gobierno de la Generalitat Valenciana, a la mesa de les Corts, y a todos los grupos con representación en la Diputación de Alicante.
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