El PP tumba en el TSJ la tasa de basuras del tripartito de izquierdas de Callosa de Segura

El alto tribunal destaca que es no se justifica la aplicación de una misma tasa para todas las viviendas

Golpe judicial al Ayuntamiento de Callosa de Segura. La tasa de basura impuesta por el gobierno local del tripartito PSOE–IU–UCIN ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que ha estimado el recurso presentado por el Partido Popular frente a una ordenanza que el equipo de gobierno se negó sistemáticamente a corregir pese a la avalancha de alegaciones vecinales, un recurso de reposición y hasta un pleno extraordinario solicitado por el PP para iniciar su revisión de oficio.

Tres avisos ignorados. Tres oportunidades tuvo el gobierno local para rectificar y evitar este desenlace judicial, pero optó por mirar hacia otro lado. El resultado es una sentencia demoledora que deja en evidencia la falta de rigor, de justicia y de legalidad de la tasa aplicada a los vecinos.

El fallo judicial es contundente: los informes técnicos no explican adecuadamente los criterios de cálculo, no aplican coeficientes diferenciadores, no justifican el principio básico de “quien contamina paga”, no aclaran los criterios para fijar la cuota y, lo que es más grave, no justifican que todas las viviendas paguen lo mismo, independientemente de su tamaño o del número de personas que las habiten. Una irregularidad denunciada una y otra vez por el PP en los plenos municipales, ante el silencio de la interventora.

Entre las faltas de rigor del Ayuntamiento a la hora de tramitar la tasa, nos encontramos con que la Sra. Alcaldesa, Amparo Serrano recurrió al nombramiento de un tesorero accidental para la firma de la memoria económica. Un funcionario sin titulación económica y A2, pese a que el Ayuntamiento dispone de personal con categoría A1. En opinión del PP altarse la norma de mérito y capacidad para hacer los nombramientos tiene consecuencias terribles para los ciudadanos.

Ante esta situación, el PP exige a la alcaldesa socialista Amparo Serrano y al concejal de Hacienda, el independiente José Antonio Illán, que acaten de inmediato la sentencia por el bien de los callosinos. La portavoz popular, Inmaculada Cascales, que “el TSJ-CV deja claro que el PP tenía razón y que la tasa de basura que nos cobró el tripartito era ilegal”.

Cascales subraya que el Ayuntamiento ni siquiera intentó respetar principios tan elementales como la equidad, la capacidad económica o la proporcionalidad: “Es incomprensible que todas las viviendas paguen lo mismo, vivan más o menos personas. Y lo mismo ocurre con los comercios”.

Lejos de corregirse, la situación podría agravarse. Según advierte la portavoz popular, la tasa prevista para 2026 es aún peor, ya que debería ajustarse estrictamente al principio de “quien contamina paga”, algo que el gobierno local sigue sin garantizar. Por ello, el PP exige que el consistorio trabaje con urgencia en una ordenanza legal y justa, y pide al concejal de Hacienda que abandone su actitud de desprecio hacia los vecinos que recurrieron la tasa.

La sentencia concluye que el cálculo de la tasa es “contrario a los principios de equidad y capacidad económica”, al ignorar por completo las circunstancias reales de los contribuyentes. El informe técnico-económico, remarca el alto tribunal, no aporta ninguna justificación válida para las cuotas aplicadas. En definitiva, la tasa vulnera tanto la legislación nacional como la directiva europea de residuos.