Miguel Ángel Robles, miembro de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística PDLL
El nacionalismo, tanto de izquierdas como de derechas, y sus cómplices, se ha propuesto levantar un muro entre los españoles; gran parte del mismo está prácticamente finalizado y solo quedan pequeñas obras de consolidación y refuerzo. Esta barrera idiomática (también laboral, de movilidad) se está construyendo para defender la pluralidad de España y la riqueza cultural de sus regiones, dicen, pero a costa de marginar a quienes utilizamos la lengua común. Nos recordaba Francisco Vázquez, ilustre socialista, en el homenaje a la Constitución que ésta es la garantía máxima de que todos podamos desarrollar nuestras inquietudes culturales, expresivas, identitarias o del orden que fuere; sin embargo, los que buscan el arrinconamiento del español son, exactamente, los mismos que reniegan del acuerdo del 78, bastantes de ellos en el gobierno.
Un gobernante poseído por la pasión totalitaria de controlar y conformar una sociedad a imagen de su ideario no repara en los males que puede hacer porque el fin superior justifica todo tipo de tropelías. Con una incidencia del virus Covid-19 muy superior a los meses de confinamiento estricto del año pasado, el gobierno de Ximo Puig, de tapadillo y con un uso de recursos que eludió para organizar los planes de contingencia y la seguridad de nuestros alumnos en general, ha decidido implantar los llamados PLANES LINGÜÍSTICOS DE CENTRO.
Al iluminado no le importa la situación de los centros, la mayor incidencia de la enfermedad en los profesores respecto a la media, las condiciones del alumnado, las dificultades organizativas por las que pasan las directivas y apremia a estas a diseñar unos planes hurtando, dadas las circunstancias, la participación de gran parte de la comunidad educativa, inmersa en una lucha entre la supervivencia y la bancarrota.
Los PLC, además, creemos que vulneran claramente la ley que los ampara, por ello la administración se niega a dar instrucciones por escrito para evitar cualquier reclamación por vía
judicial, invitándonos a una posible prevaricación administrativa como funcionarios que somos si hacemos caso de sus recomendaciones introduciendo los mismos en claro incumplimiento de lo que la propia ley 4/2018 establece.
Por ello los miembros de PDLL –Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüísticapreguntamos al máximo responsable en la Comunidad Valenciana si: ¿El alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano puede estar exento del uso y aprendizaje del valenciano? ¿Debe reflejarse en los PLC, como reconoce la legislación autonómica? En ese caso, ¿nuestros alumnos recibirán los recursos de la administración para garantizar su enseñanza? ¿Se respetará este derecho legalmente reconocido? ¿En el caso de que el gobierno valenciano del señor Puig considere que este derecho no existe, qué respuesta debemos dar a los padres o alumnos mayores de edad que lo reclamen? ¿Y en función de qué soporte jurídico? ¿Podemos implementar estos planes únicamente en 1º de ESO (aplicación progresiva) como nos ha dicho el señor Soler? ¿Aunque resulte contradictorio con el DECRETO LEY 2/2020 de 3 de Abril y con la disposición transitoria primera de la ley 4/2018? Estas normas fijan expresamente su aplicación para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,Formación Profesional y Formación de Personas Adultas. ¿Qué criterios son los que debemos seguir para la aplicación progresiva y dónde se puede acceder a ellos? Si algunos alumnos reclaman su derecho a recibir la enseñanza conforme a lo dictaminado por la ley 4/2018 y solo lo hacemos en 1º de la ESO, ¿qué solución o qué respuesta podemos dar para justificar que cursen sin los beneficios que la legislación les brinda?
Señor presidente, estamos hablando de la educación de nuestros hijos, de su futuro en igualdad de oportunidades sin exclusiones por razones de lengua o cualesquiera otras, pero no solo de los residentes en territorios de predominio lingüístico castellano. Su descabellado empeño ahonda más en un modelo educativo ya de por si discriminador y en una administración que limita los derechos de gran parte de los españoles de modo semejante a como se hace en Galicia, Cataluña, País Vasco o Baleares.
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