La Justicia avala a Construcciones Zaplana Caselles tras años de acusaciones públicas

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana descarta incumplimientos contractuales y desmonta las acusaciones de fraude vertidas por miembros de Ciudadanos

La empresa Construcciones Zaplana Caselles S.L.U. ha decidido pronunciarse públicamente por primera vez desde que, hace años, comenzaron a difundirse acusaciones por parte de determinados miembros del grupo municipal de Ciudadanos que, según la mercantil, atentaban contra su honor y su prestigio profesional.

Durante ese tiempo, la empresa afirma haber soportado una campaña continuada de descrédito ante la opinión pública. Entre las acusaciones realizadas, se llegó a afirmar que la empresa formaba parte de una “banda organizada” y de una supuesta “trama de fraude y corrupción”. También se sostuvo que existía una supuesta connivencia entre el Partido Popular y determinados técnicos municipales para beneficiar a la empresa con más de 3,5 millones de euros en cinco años, así como que se había concedido “una prórroga chapucera buscando beneficiar exclusivamente a la empresa”.

Según la compañía, estas declaraciones generaron un clima de desconfianza pública y vinieron acompañadas de obstáculos durante la ejecución del contrato y dificultades para el cobro de las facturas correspondientes al servicio prestado.

Sin embargo, la empresa sostiene que la realidad de los hechos ha quedado ahora acreditada judicialmente. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 141/2026, de 3 de marzo, concluye que no existió incumplimiento contractual por parte de Construcciones Zaplana Caselles S.L.U., ni en lo relativo a la instalación fija ni respecto al horario del responsable técnico encargado de la ejecución del contrato.

La empresa ha estado representada en este procedimiento judicial por la abogada Pilar Hernández Castillo, a quien la mercantil ha agradecido públicamente su dedicación durante el proceso.

De acuerdo con la sentencia, queda confirmado que la empresa cumplió en todo momento con el objeto del contrato, lo que, según la propia mercantil, desmonta las acusaciones vertidas durante años por miembros del grupo municipal de Ciudadanos.

Desde la empresa explican que, tal y como defendieron desde el inicio, la instalación fija del servicio se ubicó en el lugar indicado por el Ayuntamiento de Orihuela, concretamente por el responsable municipal correspondiente. Además, señalan que se trataba de la misma ubicación que había sido utilizada anteriormente por la empresa contratista previa.

Según la compañía, esta instalación cumplía con los pliegos del contrato, permaneció adscrita al servicio durante todo el periodo de vigencia y fue utilizada por la administración local sin que se formularan objeciones.

La empresa sostiene que, pese a las acusaciones recibidas, quienes realmente incumplieron sus obligaciones fueron los responsables municipales que, según indican, dificultaron el desarrollo normal del servicio. Entre las situaciones que denuncian se encuentran la falta de suministro de materiales necesarios para la prestación del servicio, impedimentos para desarrollar el trabajo con normalidad, la falta de respuesta a solicitudes diarias realizadas por la empresa y retrasos reiterados en el pago de las facturas correspondientes a un servicio que, aseguran, se estaba prestando correctamente.

Como consecuencia de esta situación, la empresa afirma haber sufrido perjuicios económicos y reputacionales. Asimismo, advierte de que las decisiones adoptadas durante el conflicto también tendrán repercusiones para el municipio, ya que el pueblo de Orihuela deberá asumir los intereses de demora y otros costes derivados de los retrasos en el pago del contrato.

En la actualidad, el contrato de mantenimiento al que se refiere el litigio ya no forma parte de la actividad de la empresa. No obstante, la mercantil considera necesario informar a la ciudadanía sobre lo ocurrido tras conocerse la resolución judicial.

Construcciones Zaplana Caselles S.L.U. ha solicitado además una disculpa pública a quienes, según afirma, difamaron a la empresa y lanzaron acusaciones ante la opinión pública. Estas declaraciones, según recuerdan, se realizaron tanto en plenos del Ayuntamiento de Orihuela como a través de medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas.

Pese a la polémica vivida, la empresa asegura que continuará trabajando con la misma responsabilidad y compromiso que ha caracterizado su trayectoria durante más de cuatro décadas.

La compañía recuerda que nació en Orihuela y que ha desarrollado su actividad en numerosos municipios de las provincias de Alicante y Murcia bajo el lema “Mejorando tu entorno”. Según señalan, su trabajo siempre se ha guiado por criterios profesionales al margen de cualquier color político.

Tras años de controversia, la empresa considera que la resolución judicial pone fin a una etapa marcada por acusaciones y conflictos. “La trayectoria y los hechos siempre hablan más alto que cualquier polémica”, concluyen desde la mercantil.