La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística afirma que el profesorado de la Vega Baja vuelve a indignarse ante una reunión sobre el plurilingüismo

Aseguran que la Conselleria ha aprovechado la coyuntura de la crisis sanitaria para adelantar sigilosamente sus planes para imponer las enseñanzas en valenciano y suprimir los derechos de los ciudadanos de la comunidad

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, que en la actualidad cuenta con un millar de docentes inscritos procedentes de toda España pero, particularmente de la Comunidad Valenciana, quiere dar a conocer y denunciar públicamente los siguientes hechos:

El pasado día 14 de enero, jefes de departamento de los institutos de la Vega Baja eran convocados por parte de sus respectivos asesores lingüísticos para una sesión informativa, desde la plataforma aseguran que “la iniciativa generó ciertas expectativas entre los docentes, dada la situación de desconcierto que viven los claustros de secundaria ante la inminente implantación de los Proyectos Lingüísticos de Centro y la negativa reiterada de la dirección política de Conselleria por resolver las dudas legales y organizativas que suponen una ley que, debido muy posiblemente a su manifiesta ilegalidad y al rechazo que despierta entre la ciudadanía, se ha evitado desarrollar legislativamente, sustituyendo el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma por instrucciones verbales que, en muchas ocasiones, son contrarias a las leyes e, incluso a la propia legislación que se quiere implantar”.

Señalan que esta situación provocó una asistencia masiva de más de 500 docentes a las distintas reuniones telemáticas convocadas, añadiendo que “sin embargo, la sorpresa de los concurrentes fue mayúscula cuando, en el inicio del acto, se les informó de que no se podría realizar ninguna pregunta y comprobaron que, para evitar tentaciones en este sentido, a todos los asistentes se les había cerrado sus micrófonos para que no pudiera hacer uso de la palabra. Sin duda con el ánimo de tranquilizar a los presentes anunciando que, al final de la presentación, se podrían plantear dudas a través del chat, si bien no se les iba a contestar al momento sino que se les respondería por escrito más adelante”.

Según explican “seguidamente, la interviniente se limitó a leer ante la cámara un texto procedente de Conselleria, hecho este que provocó la indignación de los asistentes, decenas de los cuales abandonaron la reunión, expresando muchos de ellos que se sentían menospreciados e insultados por este trato por parte de las autoridades políticas de Conselleria. A lo largo de los 50 minutos de lectura fueron muchos los presentes que rogaron que se les activasen los micrófonos porque tenían importantes dudas que plantear, solicitudes que no fueron atendidas en ningún momento”.

Han destacado que por último, “para los que tuvieron la paciencia de esperar hasta el final de la lectura del texto con el objeto de, al menos, plantear sus preguntas a través del chat, no tanto con la esperanza de que fueran contestadas como para que quedase pública constancia de la existencia de estas dudas; aún les quedaba otra desagradable sorpresa. La asesora lingüística, tan pronto como finalizó la lectura del escrito, abandonó la reunión inmediatamente para evitar cualquier intento de comunicación que derivase en que alguien pudiera exponer la más mínima de las dudas”.

Desde la plataforma afirman que los asistentes que aún no habían abandonado la reunión se mostraron enormemente indignados y burlados. “No se trata de la primera vez en que las autoridades políticas de Conselleria utilizan una “ley del silencio” con respecto a su voluntad de eliminar el castellano del sistema educativo, vulnerando de esta forma los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Recordemos como el pasado curso el Conseller de Educación, Vicent Marzà y el Secretario Autonómico, Miguel Soler, impidieron el acceso de la prensa a la reunión en Orihuela con los directores de centros en la que se les anunció que se iba a tolerar una “aplicación suave” de la ley de imposición del valenciano, dejando claro que las autoridades políticas de Conselleria no tenían ningún interés en que quedase constancia grabada de sus sorprendentes palabras a los equipos directivos de la comarca de la Vega Baja”.

Aseguran que la Conselleria ha aprovechado la coyuntura de la crisis sanitaria para adelantar sigilosamente sus planes para imponer las enseñanzas en valenciano y suprimir los derechos de los ciudadanos de la comunidad.

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