Torrevieja aprueba una moción para que el Gobierno de España suprima la imposición a los ayuntamientos de repercutir directamente el 100% de los costes de la basura sobre los vecinos

El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, ha destacado que la FEMP ya ha reclamado por unanimidad una reforma de la ley por ser “confusa, desigual e incompatible con la autonomía municipal”

El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado, con los votos a favor de PP, VOX y Sueña Torrevieja, y en contra del Grupo Municipal Socialista, la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica, la modificación urgente de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Una ley que por el que el Gobierno de España obliga a los ayuntamientos a repercutir a los vecinos el 100% del coste de la recogida y tratamiento de residuos, independientemente de la voluntad municipal o de la capacidad económica de cada territorio.

Una normativa «confusa, injusta y alejada de la realidad municipal»

El concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, ha destacado que la FEMP ya ha reclamado por unanimidad una reforma de la ley por ser “confusa, desigual e incompatible con la autonomía municipal”. Además, numerosos ayuntamientos españoles están realizando subidas de entre el 25 % y el 40 % para cumplir la normativa, mientras que otros la están calculando con criterios que nada tienen que ver con la generación real de residuos.

“La propia Asociación de Inspectores de Hacienda Local advierte de que, incluso con esta tasa obligatoria, solo se está cubriendo una media del 65,5% del coste real del servicio. Y eso ocurre —ha señalado Paredes— porque muchos ayuntamientos no tienen estudios actualizados y están vinculando la tasa al IBI o al consumo de agua. Eso no refleja la basura que genera cada vecino y acabará en recursos judiciales, anulaciones de ordenanzas y nuevas subidas en esos municipios.”

Impacto sobre alquileres, comercios y familias

El concejal ha subrayado también el impacto económico y social de la norma estatal: “La FEMP ya ha advertido de que esta tasa se trasladará al precio del alquiler. Si el propietario paga más, lo repercutirá al inquilino. Esto afectará especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y pensionistas.” También ha asegurado que golpeará a comercios, bares, restaurantes y pequeñas empresas, que verán cómo «su recibo se incrementa de forma obligatoria sin que el Estado aporte financiación para cumplir sus propios objetivos de reciclaje.”

Paredes ha incidido en que la ley introduce bonificaciones ambientales “que suenan bien en el papel, pero que en la práctica resultan imposibles de aplicar sin inversiones millonarias en tecnología que nadie financia. Es otra muestra de una norma diseñada desde Madrid, sin hablar con los ayuntamientos.”

Torrevieja, ejemplo de buena gestión pese a la imposición del Gobierno de España

El concejal ha recordado que Torrevieja lleva años protegiendo a sus vecinos, asumiendo directamente un porcentaje muy elevado del coste del servicio: “El Ayuntamiento ha absorbido alrededor del 60% del coste total de la basura, más de 20 millones de euros anuales entre 2024 y 2025, sin subir la tasa, sin actualizarla al IPC y manteniendo el IBI en el mínimo legal. Esta ley castiga especialmente a los municipios que han hecho los deberes, que han sido prudentes y han gestionado con responsabilidad”.

La moción del Grupo Municipal Popular aprobada hoy en Pleno propone:

1. Instar al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica a modificar la Ley 7/2022 y eliminar la obligación de repercutir el 100% del coste del servicio sobre los vecinos.
2. Reformar la ley para garantizar la autonomía municipal, permitir modelos de financiación mixtos, establecer incentivos reales al reciclaje y aplicar bonificaciones sociales para colectivos vulnerables.
3. Crear mecanismos de financiación estatal y autonómica que permitan cumplir los objetivos europeos sin subir indiscriminadamente las tasas.
4. Poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos.
5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la FEMP y a la FVMP.

Domingo Paredes ha concluido asegurando que “Torrevieja va a seguir defendiendo un modelo de ciudad que no castigue a sus vecinos, que mantenga los impuestos bajos y que respete la autonomía municipal. Lo que pedimos es sentido común: que no se impongan desde Madrid obligaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad económica de los ayuntamientos y el bienestar de las familias.”