Educar en la precariedad: decisiones políticas que degradan la escuela pública valenciana

Hay decisiones políticas que no siempre se anuncian en ruedas de prensa, pero que se ejecutan cada día en silencio. No hace falta declarar abiertamente la intención de debilitar la educación pública cuando se la somete a un deterioro progresivo, constante y perfectamente evitable. Esa es, a mi juicio, la hoja de ruta del actual gobierno de la Generalitat Valenciana.

Conviene, por tanto, señalar responsabilidades con claridad. El president Pérez Llorca, al frente de este Consell, no puede seguir escudándose en discursos genéricos mientras la realidad en las aulas se degrada. Gobernar implica decidir, y hoy esas decisiones están siendo claramente insuficientes, cuando no directamente lesivas para la educación pública.

Lo que está ocurriendo no es fruto de la casualidad. Es la consecuencia de una acumulación de omisiones, de falta de inversión y de prioridades equivocadas. Frente a ello, el profesorado ha dicho basta. La huelga indefinida no es un capricho ni una sobreactuación: es la consecuencia lógica de años de abandono.

Quiero trasladar aquí, de forma explícita, mi apoyo al profesorado de la Vega Baja. Son profesionales que llevan demasiado tiempo sosteniendo el sistema con esfuerzo, compromiso y vocación, a pesar de unas condiciones que ningún responsable político aceptaría para sí mismo. Lo que hoy reivindican no es un privilegio: es dignidad.

Es importante decirlo alto y claro: el profesorado de la Comunitat Valenciana se encuentra entre los peor remunerados de España. Esta realidad no es solo injusta, es directamente indigna. No se puede exigir excelencia educativa mientras se sitúa a quienes la hacen posible en condiciones retributivas claramente por debajo de la media. Es una falta de respeto institucional.

Hablar de reducción de ratios es hablar de poder enseñar de verdad. Exigir más profesorado de apoyo es apostar por una inclusión real, no por un eslogan vacío. Reclamar sustituciones inmediatas es defender el derecho del alumnado a no perder días lectivos por la ineficacia administrativa.

A todo ello se suma una decisión especialmente grave: el rechazo por parte del gobierno valenciano de 3.700 millones de euros procedentes del Gobierno de España. Recursos que podrían haberse destinado, precisamente, a reforzar servicios públicos esenciales como la educación. Renunciar a esa financiación mientras se alega falta de recursos no es solo una contradicción: es una irresponsabilidad política de primer orden.

Y, mientras tanto, se desmantelan programas como el Plan Edificant, clave para la mejora de las infraestructuras educativas. Las consecuencias son evidentes: barracones cronificados, centros que no reúnen condiciones adecuadas y aulas donde el frío o el calor marcan el ritmo más que el currículo. ¿Es este el estándar que defiende el Consell de Pérez Llorca?

Desde el PSOE en la Vega Baja, y como secretario general, tengo la obligación de decirlo con claridad: no vamos a normalizar este deterioro. No vamos a aceptar que se juegue con el futuro de miles de alumnos y alumnas mientras se mira hacia otro lado.

Esto no es un debate técnico. Es un debate político. Y el actual gobierno valenciano está fallando.

La educación pública no puede sostenerse sobre la precariedad ni sobre la resignación. Necesita inversión, planificación y respeto. Justo lo que hoy no está recibiendo.

Porque en política, como en la vida, la inacción también es una forma de decidir. Y el Consell ya ha decidido.