El voto de calidad del alcalde evita sanciones políticas mientras persiste la controversia por la gestión de las escuelas deportivas
El último pleno extraordinario del ayuntamiento se ha saldado sin consecuencias políticas para el equipo de gobierno, a pesar del informe de la Agencia Valenciana Antifraude que apunta a posibles irregularidades en la gestión de las escuelas deportivas municipales.
La sesión, solicitada por los grupos de la oposición —PP, Ciudadanos y Pader—, planteaba la reprobación de los concejales de Deportes y Hacienda, así como del propio alcalde. Sin embargo, la propuesta no prosperó gracias al voto de calidad del alcalde, Antonio Pérez, que tuvo que intervenir en varias ocasiones debido a la ausencia de una edil socialista.
El origen del conflicto se encuentra en un informe de Antifraude elaborado tras una denuncia del Partido Popular. El documento concluye que la empresa adjudicataria del servicio no habría facturado conforme a lo estipulado en el contrato, que establecía un sistema de pago variable en función de la actividad real. En lugar de ello, se habrían emitido facturas con importes fijos, sin relación directa con el número de sesiones efectivamente realizadas. Además, el organismo señala que el consistorio justificó este cambio en el modelo de pago mediante un supuesto acuerdo posterior a la adjudicación, algo que no consta debidamente documentado.
Desde la oposición se va más allá y se sostiene que el sistema permitió pagar por el total de inscritos, aunque muchos no asistieran a las actividades. Esto habría provocado, según denuncian, que la empresa cobrara cantidades superiores a las que le correspondían, llegando incluso a duplicarlas en algunos casos. A su juicio, esto podría derivar en responsabilidades por un presunto uso indebido de fondos públicos.
Por su parte, el equipo de gobierno rechaza cualquier irregularidad y defiende que las facturas se tramitaron correctamente. Durante el pleno, tanto el alcalde como los concejales implicados cuestionaron la validez del informe de Antifraude, al que acusaron de falta de rigor e incluso de parcialidad.
Asimismo, desde el ejecutivo local se insistió en que la supervisión de los pagos corresponde al personal técnico municipal, señalando que todas las facturas contaban con su validación. En este sentido, trasladaron la responsabilidad de la gestión a los funcionarios encargados del contrato y del control del servicio.
También puede interesar
Rojales acoge las XVII Olimpiadas Clásicas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó
UCIN abandona el pacto de gobierno tras el incumplimiento del acuerdo de alternancia en la alcaldía de Callosa de Segura
Alerta amarilla por precipitaciones intensas en la Vega Baja
Manuel Pineda, elegido como nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante
