Según la acusación, ambos habrían ofrecido trabajos de recolección agrícola a tres personas que carecían de permiso de trabajo y de residencia
Este miércoles arrancó en la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante (con sede en Elche) el juicio contra el dueño de una explotación agrícola oriolana y uno de sus trabajadores. Ambos se enfrentan a una petición de nueve años de prisión cada uno por parte del Ministerio Público, que los acusa de delitos continuados de estafa y contra los derechos de los trabajadores.
Según sostiene el escrito de acusación, los procesados reclutaron a tres personas en situación irregular en el país para trabajar en la recogida de cultivos. Pese a haber completado las jornadas de labranza, los peones no llegaron a percibir salario alguno por sus servicios.
Además de la falta de pago, la Fiscalía señala que los encausados exigieron un pago previo de 2.000 euros a las víctimas. A cambio, les prometieron formalizar contratos de trabajo con los que supuestamente podrían regularizar su residencia en España.
Sin embargo, las gestiones fueron desestimadas por la Administración, dejando a los afectados sin los documentos prometidos y sin la posibilidad de recuperar la suma entregada.
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