El Ayuntamiento quiere que se acuse de un delito a los policía de la crucifixión

Los ocho agentes acusados por una falta contra el orden público comenzaron ayer sus declaraciones

Agente de Policía subido a una plataforma durante las protestas ante el pleno. Foto tomada desde el salón de plenos 

Los ocho agentes de la Policía Local, mencionados en el atestado por el que la jueza entendió que podía haberse incurrido en una falta contra el orden público, tal y como lo calificó la jueza en un pimer momento, han comenzado a declarar en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Torrevieja tras la apertura de nuevas diligencias al pedir la acusación particular que se califique como delito.

Los hechos se remontan al mes de junio, cuando un grupo de policías protagonizó una protesta con “performance”  en la puerta del Ayuntamiento durante la celebración de un pleno ordinario. Uno de los agentes acusados se “crucificó” y fue elevado por una grúa hasta la tercera planta del Ayuntamiento, lo que provocó que el alcalde suspendiera momentáneamente el pleno al considerar que se ponía en peligro la seguridad de los presentes en el salón de plenos, a pesar de que las protestas se estaban realizando fuera del edificio. Los ocho agentes señalados como responsables de estos hechos  comenzaron ayer a declarar ante la jueza decana, ya que el proceso vuelve a comenzar por “algunos defectos de forma”  según el letrado del Consistorio, y en este momento se encuentra otra vez en fase de instrucción debido a la petición de la acusación particular, el Ayuntamiento, que solicita que se tramiten diligencias para que los hechos sean calificados de delito. Con esta nueva instrucción los  ocho agentes podrían no tener que llegar a jucio ya  la jueza podría archivar la causa de no de no encontrar indicios de delito o volver a la calificación original.

Criminalizar la protesta

Fuentes cercanas a las plantilla de la Policía Local, que desde hace más de un año y medio mantiene un tenso pulso con el Consistorio por diversas cuestiones laborales, consideran que el único fin de estas denuncias y expedientes, siempre a los mismos agentes, sólo buscan criminalizar la “legítima” protesta sindical en defensa de los derechos de la plantilla y expulsar del cuerpo a los agentes que “siempre están encabezando las reivindicaciones”.