Pilar de la Horadada aprueba de forma definitiva la nueva ordenanza de prestaciones individualizadas de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha dado luz verde definitiva a su nueva Ordenanza Reguladora para la concesión de prestaciones económicas individualizadas (PEI) en materia de servicios sociales. Tras finalizar el periodo de exposición pública sin que se registraran reclamaciones ni sugerencias, el acuerdo municipal adoptado por el Pleno el pasado 29 de mayo ha quedado elevado automáticamente a definitivo. El texto íntegro ha sido publicado oficialmente esta semana, marcando el inicio de su inminente entrada en vigor.

Estas ayudas públicas poseen un carácter estrictamente extraordinario, transitorio, no habitual y finalista. Su objetivo prioritario es satisfacer con inmediatez las necesidades básicas de aquellas personas o unidades de convivencia afectadas por un estado de urgencia que no dispongan de recursos suficientes. Entre las principales modalidades reguladas destacan las PEI de emergencia, destinadas a cubrir suministros básicos energéticos (luz, agua, gas), el uso de la vivienda habitual (alquiler o electrodomésticos básicos) y necesidades de alimentación, vestido y tratamientos farmacológicos.

Asimismo, la normativa contempla una línea específica de PEI para la mejora de la autonomía de personas mayores, orientada a financiar ayudas técnicas, adaptaciones personales (como audífonos) y reformas del hogar para eliminar obstáculos objetivos en su vida diaria.

Para acceder a estas prestaciones, los solicitantes deberán ser mayores de edad o menores emancipados. Se exige un requisito de empadronamiento o residencia efectiva mínima de doce meses de manera continuada en el municipio, quedando exentas las personas refugiadas, asiladas y víctimas de violencia de género o explotación sexual. Económicamente, la renta per cápita de la unidad de convivencia no podrá superar el 100% del IPREM vigente en cómputo anual de 12 pagas.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todo el año mediante un modelo normalizado. El procedimiento se iniciará a instancia de parte y requerirá la correspondiente valoración e informe social por parte del personal técnico municipal, encargado de comprobar la veracidad de los datos e incluso realizar visitas domiciliarias antes de elevar la propuesta a la Comisión Técnica de Valoración.

Por último, la ordenanza recuerda que los beneficiarios tienen la obligación de justificar el gasto realizado en un plazo de tres meses para pagos únicos, o de un mes para prestaciones de carácter mensual. El incumplimiento o la no justificación de los fondos supondrá la apertura de un expediente de reintegro y una penalización de 12 meses sin poder solicitar nuevas ayudas de igual naturaleza.