Luz verde al desmantelamiento de casi tres kilómetros de línea eléctrica de alta tensión en el entorno monumental de Orihuela

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La Generalitat autoriza a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes el cierre definitivo del tendido de 20 kV situado en las cercanías del Castillo y el Cabezo de San Miguel, con un plazo de ejecución de tres meses

El paisaje urbano y patrimonial de Orihuela experimentará una notable mejora visual y ambiental. Ya se ha publicado la resolución que autoriza el cierre definitivo y desmantelamiento de una importante infraestructura eléctrica de Alta Tensión en el municipio.

El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante ha dado luz verde a la solicitud presentada por la empresa distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (expediente ATBAJA/2026/1/03). La actuación afecta a la línea aéreo-subterránea LAMT de 20 kV «Orihuela», ubicada en un enclave de especial sensibilidad histórica y paisajística: el Cabezo de San Miguel y las cercanías del Castillo de Orihuela.

Alcance del proyecto

Según los detalles técnicos recogidos en el Boletín Oficial de la Provincia, los trabajos supondrán la retirada de una infraestructura de gran envergadura que discurre entre varios centros de transformación emblemáticos de la ciudad, como Capuchinos, Santiago, San Miguel, el entorno de la Catedral, la plaza Santa Lucía, el Colegio Diocesano Santo Domingo y sus alrededores y el entorno del Ayuntamiento. En total, la intervención contempla el desmontaje de 2.735 metros de longitud de cableado y la retirada de 28 apoyos (torres o postes) distribuidos a lo largo del trazado.

Plazos y condiciones

La resolución administrativa establece que la compañía eléctrica dispone de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la recepción de la notificación, para hacer efectivo el cierre y completar el desmantelamiento de las instalaciones.

Una vez concluidas las obras, la empresa titular deberá presentar el correspondiente Certificado Final de Obra visado para acreditar que el tendido ha quedado fuera de servicio de manera definitiva. El texto legal advierte que el incumplimiento de este plazo o de los condicionantes medioambientales y de ordenación del territorio podría derivar en la caducidad o revocación de la autorización. Contra esta resolución cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas en el plazo de un mes.