Explican que las medidas que han servido para sembrar la preocupación fueron rechazadas por la administración competente, la GVA, pero ello no debe excluir que se sumen esfuerzos, y coordinen trabajos entre las administraciones
Los alcaldes de Dolores, Daya Nueva, Rafal, San Fulgencio, San Isidro y Crevillente se han reunido para abordar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación. Tal y como han explicado tras dicha reunión, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSI (áreas de riesgo potencial significativo de inundación) identificadas. Tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las Administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente.
El Plan de Gestión del riesgo contra inundaciones se publicó en el BOE número 148 de fecha 22 de junio de 2021, por la Dirección General del Agua del MITERD, iniciando así el periodo de consulta pública del documento titulado «Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación» (PGRI) correspondiente a la demarcación hidrográfica del Segura. Dicho PGRI contenía tanto medidas para actuar en Dominio Público, competencia de la CHS, como otras a realizar en el resto de la Vega Baja que son competencia del Gobierno Valenciano y los Ayuntamientos.
A las propuestas contenidas en el proyecto se presentaron numerosas alegaciones desde ayuntamientos y colectivos como Plan Vega Baja Renhace, o entidades de riego, entre ellos el Juzgados privativo de Aguas del Azud de Alfetami y Sindicato General de Aguas de Dolores.
Así mismo se presentó: propuestas – alegaciones a la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura ciclo de planificación 2022- 2027, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del Gobierno de la Generalitat, de la Comunitat Valenciana, que contenía los programas de medidas que la Administración valenciana debe aplicar en el ámbito de sus competencias.
Que, de manera resumida, la CHS basaba su propuesta en situar zonas de desbordamiento desde los cauces hacia la vega, que serían conducidas entre motas separadas entre sí por una distancia de entre centenares de metros a más de dos kilómetros, hasta una gran zona de acumulación del agua, situada entre Dolores y San Fulgencio, y desde allí al mar, inundando esta zona final de La Vega, hasta el mar. Estas zonas que se inundarían, que ocupan del entorno del 15% de la comarca, eran denominadas “corredores verdes”, aunque en realidad se conservaba el terreno y las edificaciones existentes dentro de esos “corredores”, por lo que es evidente su destino como extensas zonas de sacrificio.
Que desde la Vega Baja no se apoyó en ningún caso la propuesta de la CHS, en relación con las actuaciones previstas fuera del ámbito de competencias del organismo de cuenca, del dominio público. 6.- Que las propuestas de la Generalitat, de actuaciones fuera de los cauces públicos, que son competencia de la Comunidad Autónoma, son las que están contenidas en el PGRI de la CHS, que fue aprobado por el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación del Segura, e informado favorablemente por el Consejo Nacional Del Agua, y aprobado recientemente en consejo de ministros, y no las que inicialmente salieron a información pública.
Las medidas aprobadas se basan fundamentalmente en que las actuaciones en La Vega deben ser de mejora de la red de drenaje existente, incluso bombeos, reforzando mediante canales paralelos a las azarbes la capacidad de desagüe, de manera que el tiempo de retención del agua en los bancales, en caso de inundaciones, permanezca el menor tiempo posible. Estas medidas deben completarse con actuaciones de aislamiento de los municipios, protegiendo los núcleos urbanos de la inundación. El criterio de la GVA y de las entidades de la Vega era y es que las ramblas y el río Segura deben conducir el agua que llega a los cauces de Dominio Público hasta el mar. De manera que se intervenga actuando en la cabecera de las cuencas y en los cauces, nunca trasladando el problema a la población.
Tras la reunión llegaron a las siguientes conclusiones:
1.- Las medidas aprobadas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación del Segura son las propuestas por la GVA, que coinciden en lo esencial con las propuestas por regantes y ayuntamientos.
2.-Los estudios que realice la CHS, han de ser interpretados dentro del marco de colaboración entre administraciones, de manera que a los modelos hidrológicos que va a realizar la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, pueda sumarse la información del Organismo de Cuenca, Sindicatos de Regantes y Ayuntamientos.
En resumen, no cabe ningún tipo de alarma social, porque las medidas que han servido para sembrar la preocupación fueron rechazadas por la administración competente, la GVA, pero ello no debe excluir que se sumen esfuerzos, y coordinen trabajos entre las administraciones, una norma básica en el estado de derecho.
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