La asociación de Guardamar del Segura denuncia que prohibir alimentar a gatos comunitarios sin aplicar el método CER puede derivar en maltrato animal y prevaricación administrativa
La asociación Animalia Protección Animal ha lanzado un contundente mensaje dirigido a las administraciones locales para recordar que la gestión de las colonias felinas “no es una opción política, sino una obligación legal” recogida en la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.
Bajo el lema “Los Ayuntamientos no son impunes”, la entidad animalista alerta de que algunos consistorios estarían incurriendo en situaciones de abandono institucional al prohibir alimentar a los gatos comunitarios sin ofrecer alternativas de gestión ética como el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
Según explica la asociación, cuando un Ayuntamiento impide la alimentación de las colonias felinas y no desarrolla medidas de control y protección, pueden producirse casos de desnutrición, enfermedades o incluso la muerte de los animales, una situación que consideran un “grave incumplimiento legal”.
Desde Animalia recuerdan que, aunque los ayuntamientos como institución no tienen responsabilidad penal directa, sí podrían responder judicialmente los cargos públicos con competencias en bienestar animal o medio ambiente. En este sentido, señalan que el concejal responsable podría ostentar una “posición de garante”, lo que abriría la puerta a posibles delitos de maltrato por omisión o abandono, contemplados en los artículos 340 bis y ter del Código Penal.
La asociación también advierte sobre posibles delitos de prevaricación administrativa, recogidos en el artículo 404 del Código Penal, en aquellos casos en los que se dicten resoluciones “a sabiendas de que son injustas” y que puedan derivar en el sufrimiento o abandono de las colonias felinas.
Además, la entidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para actuar ante posibles casos de maltrato institucional. Entre las recomendaciones destacan documentar el estado de los animales mediante fotografías, vídeos e informes veterinarios, registrar denuncias a través de la sede electrónica municipal y acudir al SEPRONA, a los juzgados o a la Fiscalía de Medio Ambiente.
“La gestión ética de las colonias no es una opción, es un deber legal”, subrayan desde Animalia, insistiendo en que el bienestar animal “no entiende de política, entiende de leyes”.
La asociación ha puesto también a disposición de los ciudadanos asesoramiento jurídico a través del correo electrónico juristasanimalistas@gmail.com
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