El Plan de Acción Territorial que plantea el Consell impediría la construcción de 7.500 viviendas ya proyectadas, mayoritariamente en la Costa, y tendría un impacto socio económico que el Ayuntamiento cifra en 1.300 millones de euros
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha exigido hoy la retirada del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, elaborado por el Consell. El Ayuntamiento ha presentado una batería de sugerencias contra este documento.
«Un Plan de Acción Territorial que de entrar en funcionamiento “condenaría” a la Vega Baja», así lo ha expresado regidor oriolano, quien hoy ha presentado la batería de alegaciones, acompañado por los técnicos, contra este documento elaborado por el Consell y ha asegurado que tomarán todas las medidas al alcance del Ayuntamiento para evitar su aplicación.
La entrada en vigor de este Plan de Acción Territorial supondría la desclasificación de terrenos para clasificarlos como zonas verdes e impediría la construcción de al menos 7.500 viviendas, la gran parte de ellas en Orihuela Costa, de promociones que ya están aprobadas. En concreto se desclasifican el PAU 4 y 5 y el 15, en el litoral, y los PAU 16 y 17, destinados a suelo terciario que se destinarían a zona verde.
Esto supondría, según los cálculos aproximados del Ayuntamiento, un perjuicio cercano a los 1.300 millones de euros indemnizaciones y en su impacto para en el sector turístico.
Precisamente una de las mayores críticas al proyecto es que no recoge una memoria económica sobre su impacto.
Bascuñana, que ha estado acompañado por el asesor jurídico del Ayuntamiento de Orihuela, Federico Ros, ha manifestado que “el PAT se ha elaborado a espaldas de los ayuntamientos y de la población de la Vega Baja”. Ya que este plan afecta a los sectores productivos industriales, al turismo, a la agricultura y al urbanismo, “y no se ha llevado a cabo a penas ningún proceso participativo previo para poder analizar y conocer las necesidades reales de nuestro territorio”.
En este sentido el alcalde oriolano ha insistido especialmente que el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja “castiga al sector agroalimentario, porque no permite que su actividad siga siendo competitiva”. La agricultura tiene que ser motor de la Comarca, pero no dan soluciones al abastecimiento de agua y tampoco contempla el Trasvase Tajo-Segura. Tampoco se contemplan infraestructuras hidráulicas que palíen los efectos de las inundaciones, ni infraestructuras de comunicación que mejoren la movilidad entre los municipios de la Vega Baja”.
Por otra parte, Emilio Bascuñana ha destacado también que el PAT supone “una absoluta desigualdad con el resto de territorio de la Comunidad Valenciana y nos convierte en valencianos de segunda, porque nos limita actividades que no se podrán desarrollar en Orihuela y en la Vega Baja pero que sí se podrán realizar en otros puntos de la Comunidad Valenciana”.
Además, el Ayuntamiento de Orihuela cuestiona también en sus sugerencias que se quite competencias a los consistorios sobre cómo se van a desarrollar en el futuro sus municipios, algo que se considera inadmisible. De hecho, el plan “desclasifica suelo, pero en cambio no clasifica el suelo industrial que tanto necesitamos, cuando debería proponer soluciones a nuestras necesidades”.
Por todo ello, el primer edil ya ha avanzado que “usaremos todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para evitar que este plan se imponga definitivamente, pero esperamos que con todas las sugerencias que presentamos y van a presentar otros colectivos y particulares sean capaces de rectificar y reorientar este plan”.
Por su parte, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Orihuela, Federico Ros, ha argumentado que “hay una clara vulneración de la participación de la iniciativa pública y privada, y tampoco contempla las consecuencias y el impacto socio-económico (en el caso de Orihuela asciende a unos 2 mil millones de euros aproximadamente) que generaría, además de vaciar de contenido las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Orihuela”.
En cuanto al suelo no urbanizable del Término Municipal de Orihuela lo escenifica en seis zonas con usos determinados que “son directamente aplicables desde el 14 de diciembre de 2021, cuando se publicó la versión preliminar del PAT, y está siendo ya de ejecución, por lo que vamos a solicitar la suspensión de la suspensión de licencias y actividades programáticas.
Ros ha concluido que “consideramos que el PAT es necesario para dar seguridad a la Vega Baja, pero no en estos términos en los que se plantea en este momento”.
Finalmente, Emilio Bascuñana ha asegurado que el PAT entra en contradicción con el Plan Renhace, mientras que también ha insistido en que “el Consell se ha creado un problema en la Vega Baja porque tiene en contra a todos los municipios”.
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