Bigastro aprueba asumir las competencias del Plan Edificant para realizar obras de mejora en los centros educativos

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El Pleno de julio da luz verde al Presupuesto Municipal de 2018

El pleno del Ayuntamiento de Bigastro ha aprobado entre otros puntos, el presupuesto para este ejercicio del que cabe destacar que se sigue con la línea de contención de gasto necesaria para atender las necesidades financieras del consistorio, pero siempre atendiendo a las necesidades de los vecinos y sin poner en riesgo la calidad de los servicios municipales. Se ha aprobado un presupuesto de ingresos por importe de 4.658.522,25€ y de gastos de 4.408.522,25€, con lo cual el presupuesto prevé un superavit de 250.000,00 € que se destinarán a la reducción de la deuda municipal.

Según el concejal de Hacienda, Antonio González, “gracias al control del gasto y a la excelente optimización de los recursos municipales, se ha conseguido un ahorro del 5% respecto del ejercicio anterior en los capítulos de gasto corriente. Así mismo se contempla para la amortización de los préstamos renegociados una partida que supera los 675.000,00€”. Procediendo un año más a mejorar los datos de la deuda municipal.

Se ha incrementado la partida destinada a ayudas sociales en un 16,66%, las partidas de Cultura en 17.000,00 € aproximadamente para sufragar actos de especial relieve que tendrán lugar en el municipio como es el 225 Aniversario de la llegada de la imagen del patrón San Joaquín, la 36º Convención Comarcal de Auroros y la recuperación del archivo histórico municipal.

Se ha previsto una partida presupuestaria para inversiones en la mejora de las redes eléctricas en la zona de La Pedrera, la reparación de diversas calles del municipio como complemento del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Alicante, y otras actuaciones relacionadas con la mejora de la red de pluviales para evitar las molestas inundaciones que se producen en el municipio. También se sigue con las inversiones en el Plan Ahorro Energético del municipio que además de renovar luminarias, prevé un punto de recarga municipal para los vehículos eléctricos.

También se ha sometido a votación el convenio de delegación de competencias que la Generalitat Valenciana ha articulado a través del Plan Edificant para que los municipios sean quienes se encarguen de ejecutar las obras de infraestructuras educativas que le corresponden a la Generalitat.

En este sentido, la alcaldesa, Teresa Belmonte, ha manifestado que “cómo no puede ser de otra forma, el equipo de gobierno de este ayuntamiento que presido, vela por los legítimos intereses de sus vecinos en todos las áreas de gobierno, pero tiene especial sensibilidad en los temas relacionados con la educación, pues una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes son la garantía de un futuro mejor para el mayor activo que tiene este municipio, que no es otro que sus habitantes”

Añadiendo que se aprueba “a pesar de que consideramos que el programa Edificant regulado por el Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre, es un verdadero despropósito del gobierno de la GVA, y que pone de manifiesto su incapacidad de desarrollar las funciones que le son atribuidas conforme al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, no teniendo reparos en delegar competencias en los municipios, aún a sabiendas de las dificultades que para las entidades locales supone aceptarlas y abusando de la buena voluntad de los gobiernos municipales que ante la posibilidad de perder servicios que son necesarios para sus vecinos, aceptan estas competencias que les superan por la escasez de sus plantillas y la complejidad de los procedimientos a desarrollar”.

Belmonte ha destacado que este Decreto Ley 5/2017, como otros que se han desarrollado a lo largo de esta legislatura, “nos obligan a cuestionarnos la necesidad de los gobiernos autonómicos en la estructura de la administración general del Estado Español”.

No obstante, y pese a todo lo anterior, para el equipo de gobierno del Ayuntamiento, lo más importante son sus vecinos, y han dejado patente que no van a permitir que la incompetencia de la Generalitat Valenciana, merme los derechos de su gente y que los estudiantes de Bigastro se encuentren en desventaja con otros por falta de inversiones en los centros educativos de la localidad.

Las infraestructuras educativas que se llevarán a cabo son:

– La ampliación del IES Miguel Hernández, que sea una realidad en unos meses, y que los estudiantes dejen de recibir su formación en espacios que no son los adecuados.

– El colegio de primaria San José de Calasanz, para el que se ha previsto disponga de una pista deportiva segura y en condiciones, para el correcto desarrollo motor de sus alumnos.

– La Escuela Infantil La Paz, tendrá un espacio de juegos adecuados para nuestros pequeños, y, seguirán luchando para que el demandado comedor escolar, sea una pronta realidad, a pesar de las trabas que pone la Consellería de Educación.

También y en clave cultural, se ha aprobado la modificación del reglamento de protocolo, honores y distinciones del Ayuntamiento para crear la figura de Cronista Municipal. En septiembre, una vez cumplido el plazo legal de publicación de la ordenanza municipal, se nombrará la cronista en un acto público que será del agrado de todos.

Se han aprobado dos mociones institucionales para reclamar al gobierno autonómico que se haga cargo de los gastos de los conserjes del Centro de Salud durante los servicios de Urgencia, como es su obligación, y que está siendo pagado por el Ayuntamiento de Bigastro desde su apertura en 1995. Más de 1.600.000,00 euros ha costado al pueblo de Bigastro mantener este servicio que le corresponde a la Generalitat Valenciana. También se le pide al gobierno valenciano que no quite el servicio de ambulancia para los desplazamientos del personal sanitario a los domicilio de los enfermos. En cuanto al Gobierno de España, también en manos socialistas,  se le pide el apoyo a la recuperación del trasvase Tajo-Segura para evitar los graves problemas de sequía que sufre nuestro territorio.

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