La institución sugiere al Consistorio la necesidad de realizar un análisis económico riguroso y tener en cuenta las singularidades del territorio
La Cámara de Comercio de Orihuela ha realizado aportaciones y sugerencias al documento previo a la redacción del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) puesto en marcha por el Ayuntamiento de Orihuela y que ha estado abierto a la participación ciudadana hasta el pasado martes. El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, explica que el proyecto que se redacte desde el Consistorio debe incluir, entre otras cosas, un análisis económico riguroso que muestre la situación actual de los sectores económicos afectados, una exigencia obligada por la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado.
Al margen de esto, y tras las aportaciones recabadas por la institución cameral entre empresas, comercios, personas autónomas y sectores afectados, Martínez destaca que es necesario tener en cuenta en este estudio las singularidades del municipio. “Tenemos un casco histórico con un comercio tradicional que requiere de medidas urgentes para frenar su declive, a lo que une el hecho de que nuestro territorio es disperso, las distancias son grandes entre el casco urbano, las pedanías y la costa, y tampoco contamos con un transporte público suficiente, lo que provoca una gran dependencia del vehículo privado”. Es por este hecho por el que en las aportaciones y sugerencias realizadas por la Cámara al proyecto municipal de ZBE, se resaltan estos factores a los que une que es “imprescindible tener en cuenta la afectación del establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones a la actividad logística y de reparto, esencial para el comercio local”.
Dentro de la labor de representación del empresariado y la defensa de los intereses del comercio oriolano, la Cámara plantea posibles soluciones a estos problemas, y considera necesario que el proyecto incluya periodos transitorios y regímenes de excepción para sectores que dependen del uso de vehículos a motor, como reparto de mercancías, comercio minorista, actividades asistenciales o la utilización vehículos de mantenimiento, y se planteen alternativas reales de mejora en el ámbito de la conexión del casco urbano, las pedanías y la costa mediante transporte público, la construcción de aparcamientos disuasorios, un aumento en las infraestructuras de recarga eléctrica e incentivos para renovación de flotas.
En el documento presentado al Ayuntamiento, la Cámara de Comercio hace hincapié en la propuesta de estudiar el impacto que puede tener la determinación del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones en el casco histórico, un espacio que se apunta como el área principal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). “La instalación de restricciones puede agravar la pérdida de actividad económica, dificultar el acceso de clientes y proveedores y afectar de forma negativa a la competitividad del centro urbano si no es dotado convenientemente con infraestructuras y medidas regulatorias”, ha añadido Mario Martínez.
Desde la institución cameral se solicita que las normas que regulen esta ZBE estén armonizadas desde un principio con la normativa estatal y autonómica, evitando restricciones excesivas o no justificadas. En este sentido, recuerdan que desde la Cámara de Comercio de España ya se ha expresado en diferentes ocasiones la importancia de evitar criterios regulatorios dispares entre municipios, ya que pueden generar inseguridad jurídica y costes adicionales para empresas y ciudadanía.
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