El Juzgado de Orihuela archiva el ‘caso Viales’ denunciado por Ciudadanos sin hallar indicios de delito, validando la postura del PP

La resolución judicial coincide con el criterio del Ministerio Fiscal, que ha considerado igualmente que no existen elementos suficientes para sostener una infracción penal

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela ha acordado el sobreseimiento provisional del denominado ‘caso Viales’, tras concluir que las diligencias practicadas no acreditan la existencia de indicios de delito.

La resolución judicial coincide con el criterio del Ministerio Fiscal, que ha considerado igualmente que no existen elementos suficientes para sostener una infracción penal, posicionándose a favor del archivo de la causa.

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia impulsada por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orihuela, José Aix, en la que se planteaban posibles delitos relacionados con el contrato de mantenimiento de viales en Orihuela Costa, incluyendo prevaricación administrativa, malversación o falsedad documental.

Durante la tramitación del caso, desde Ciudadanos se llegó a calificar públicamente la situación como una supuesta “trama de fraude y corrupción”, además de solicitar la creación de una comisión de investigación en el ámbito municipal.

Sin embargo, tras la práctica de las diligencias, tanto el juzgado como la Fiscalía han coincidido en esa conclusión, lo que ha motivado el archivo provisional de las actuaciones.

Desde el Grupo Popular han subrayado que “la justicia ha sido clara y coincide con la Fiscalía en que no existe delito alguno”, destacando que la causa “se ha cerrado sin que se haya podido acreditar ninguna de las acusaciones planteadas”. Los populares han incidido en el contraste entre las acusaciones realizadas durante meses y el resultado judicial, señalando que “se ha pasado de hablar de una supuesta trama de corrupción a un archivo por inexistencia de indicios”.

Asimismo, han recordado que ya advirtieron desde el inicio del procedimiento que la apertura de diligencias no implicaba la existencia de responsabilidades penales, y han lamentado el impacto generado en la opinión pública. “Se han realizado acusaciones de extrema gravedad que finalmente no han tenido ningún recorrido en sede judicial”, han añadido.

En esta línea, desde el Grupo Popular han sido especialmente críticos con el efecto de estas actuaciones, asegurando que “no se puede trasladar a la ciudadanía un relato de corrupción sin pruebas y sostenerlo durante meses”, y han advertido del “grave daño causado a la imagen de Orihuela y a la honorabilidad de las personas señaladas”.

En este sentido, han lamentado que “se haya utilizado la sospecha y la acusación como herramienta de desgaste político, generando alarma y desconfianza sin base real”, y han advertido de que este tipo de actuaciones “perjudican gravemente la imagen de la ciudad y deterioran la confianza en las instituciones”.

Desde el Grupo Popular han señalado que “cada uno debe responder por sus actos y por las acusaciones que realiza, especialmente cuando afectan a la reputación de terceros y al nombre de Orihuela”.

Durante los últimos meses, el portavoz de Ciudadanos, José Aix, llegó a trasladar a la opinión pública un relato basado en la existencia de graves irregularidades, vinculando el contrato a prácticas de corrupción e incluso insinuando la existencia de estructuras de carácter delictivo en torno a su gestión.

Sin embargo, la evolución judicial del caso ha ido en sentido contrario, descartando tanto la existencia de incumplimiento contractual, tal y como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como cualquier relevancia penal de los hechos, tras el archivo de la causa por parte del juzgado y el criterio coincidente del Ministerio Fiscal.

En este sentido, uno de los principales argumentos sostenidos públicamente por el portavoz de Ciudadanos, relativo a la supuesta inexistencia de la nave y al incumplimiento del contrato por parte de la adjudicataria, ha quedado igualmente desmentido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que concluye que la solución adoptada se ajustaba a los pliegos y fue validada por la propia Administración.

De este modo, los elementos sobre los que se sustentaba el relato inicial han quedado desvirtuados por las resoluciones judiciales, que han descartado tanto la existencia de irregularidades de carácter penal como las bases que justificaban las acusaciones públicas realizadas.

Asimismo, resulta significativo que, en paralelo a este procedimiento ya archivado, la única causa con recorrido judicial en relación con este contrato es la que afecta al exconcejal de Ciudadanos, Ángel Noguera, para quien se ha abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación vinculado a la gestión del mismo servicio.

Desde el Grupo Popular han señalado que “la realidad judicial ha desmontado completamente el relato que se trasladó a la opinión pública”, subrayando que “se ha pasado de acusaciones de corrupción y fraude a un escenario en el que no existe ni incumplimiento contractual ni delito alguno”.

En esta línea, han insistido en que “no se puede sostener durante meses un discurso basado en acusaciones de extrema gravedad sin respaldo en los tribunales”, y han reclamado que “quienes impulsaron estas afirmaciones se pronuncien públicamente y den explicaciones a la ciudadanía tras conocerse el archivo judicial”, subrayando que “no todo vale en política y no se puede intentar conseguir en los juzgados lo que no se logra en las urnas. Hoy la realidad judicial obliga a algunos a explicar lo que durante meses afirmaron sin respaldo en los tribunales.”

Asimismo, los denunciados se reservan el ejercicio de las acciones legales que correspondan frente a quienes impulsaron estas acusaciones, por el perjuicio ocasionado a su reputación personal y social.