La concejala socialista advierte de que las consecuencias pueden ser especialmente graves para las familias más vulnerables
El grupo Municipal Socialista en Orihuela considera especialmente grave que esta situación se produzca después de que el propio Ayuntamiento tuviera desde noviembre de 2025 un Informe de Evaluación Integral del Riesgo y Estado General del centro, encargado desde la Concejalía de Educación. Según la edil socialista María García el informe recoge patologías en distintos elementos del edificio y ensayos sobre pilares y forjados que detectaron, entre otras cuestiones, resistencias del hormigón inferiores o similares a las mínimas exigidas en la época de construcción.
Además, los técnicos concluyen que una rehabilitación integral no sería económicamente viable al superar ampliamente el 65 % del valor de reposición del inmueble y reclamaban ya en Noviembre que se debía adoptar “con relativa premura” una determinación sobre las actuaciones a llevar a cabo, señalando la existencia de riesgos para los usuarios. “Lo sabían. El Ayuntamiento tenía este informe desde noviembre de 2025. En febrero llevamos este asunto al Pleno y advertimos de la gravedad de la situación. Desde entonces hemos insistido y hemos pedido que se actuara. Han tenido meses para tomar decisiones, buscar alternativas y preparar una solución para las familias”, denuncia García. “Y ahora, a 31 de julio, nos llegan informaciones de que el colegio no abriría en septiembre, de que las trabajadoras del comedor habrían recibido ya instrucciones de recoger sus cosas y de que la dirección del centro estaría buscando posibles ubicaciones alternativas en otros colegios de pedanías. Si esto es así, queremos que el Gobierno municipal lo confirme públicamente y explique qué está haciendo”.
Para el PSOE, el problema no es únicamente el estado del edificio, sino la absoluta falta de planificación política ante una situación que se conocía desde hacía meses. “Si finalmente el colegio tiene que cerrar, ¿por qué hemos llegado al 31 de julio sin una alternativa preparada? ¿Dónde van a estudiar esos niños? ¿Qué va a pasar con el comedor, el transporte, el profesorado y las trabajadoras? ¿Qué solución se ha preparado para las familias que necesitan este colegio para poder conciliar?”, pregunta García.
La concejala socialista advierte de que las consecuencias pueden ser especialmente graves para las familias más vulnerables. “Cerrar un colegio no es simplemente cerrar un edificio. Puede significar que un niño tenga que cambiar de centro, que una familia no pueda asumir el transporte o que pierda el acceso al comedor que necesita para poder trabajar. El coste de la falta de planificación lo acabarán pagando las familias”.
García recuerda que el propio informe evidencia que no se trata de un problema aparecido de repente y que ya existían actuaciones previstas años atrás que no llegaron a ejecutarse. “Han tenido años y, como mínimo, desde noviembre de 2025 tenían información técnica que exigía tomar una decisión. Lo que no pueden hacer ahora es esconderse detrás de los técnicos. Los técnicos hacen informes; los responsables políticos tienen que actuar”.
El PSOE exige al alcalde y al concejal de Educación que expliquen públicamente qué decisión se ha tomado, cuándo se tomó, por qué no se informó antes a las familias y qué alternativas concretas existen para el próximo curso. “Queremos explicaciones ahora, no en septiembre. No queremos que las familias se enteren por rumores, por llamadas o por informaciones que llegan a la oposición. Merecen saber qué va a pasar con sus hijos y qué solución les ofrece su Ayuntamiento”.
Para García, si finalmente se confirma el cierre, “será el resultado de una situación que este Gobierno conocía y que no ha sabido gestionar a tiempo. Lo sabían, lo advertimos y tenían meses para actuar. Ahora las consecuencias las sufren las familias. Esto no es gobernar. Gobernar es anticiparse a los problemas, tomar decisiones y minimizar el daño a la ciudadanía. Y si este Gobierno no es capaz de hacerlo, debería asumir responsabilidades políticas. Porque las familias del Virgen de la Puerta no necesitan que nadie les eche la culpa a los técnicos, a la Consellería o al anterior Gobierno. Necesitan soluciones”.
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