El nuevo texto regulador pone límites a la actividad comercial nocturna, persigue prácticas cotidianas en balcones y pone el foco en los padres
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha elevado a definitiva la polémica modificación de su Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público. Tras expirar el plazo de exposición pública sin resolver la oposición vecinal, el consistorio saca adelante un texto que impone un duro régimen sancionador, enfocado en restringir libertades ciudadanas bajo la amenaza de multas que alcanzan los 15.000 euros.
Comercios y balcones, en la mira
Uno de los sectores más castigados por esta nueva regulación es el comercio local. La ordenanza prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas entre las 22:00 y las 07:00 horas en cualquier establecimiento donde el consumo no sea interior. Esta severa restricción horaria afecta directamente al reparto a domicilio, bloqueando las ventas telefónicas o virtuales dentro de esa franja, aunque el cliente sea mayor de edad. Los comercios que incumplan la norma se enfrentan a sanciones económicas de hasta 15.000 euros, una cuantía que pone en jaque la viabilidad económica de los pequeños negocios del municipio.
El nuevo texto también entra de lleno en el ámbito privado y doméstico. El artículo 29 estipula una larga lista de prohibiciones en balcones, ventanas y fachadas visibles desde la vía pública. Queda estrictamente prohibido tender o exponer ropa, regar las macetas si provoca molestias a viandantes o vecinos, e incluso sacudir alfombras o prendas personales hacia el exterior. Cualquier descuido o queja vecinal relacionada con estas actividades cotidianas será constitutivo de infracción, castigado con multas de hasta 750 euros.
Persecución al ocio y multas a los clientes de servicios no autorizados
El espacio público queda fuertemente vetado, para la realización de actividades de esparcimiento. Realizar acrobacias con patines o monopatines fuera de zonas acotadas costará hasta 750 euros, con el agravante de que la policía local procederá a la intervención cautelar y decomiso del patín o bicicleta utilizado.
Además, el Ayuntamiento penaliza no solo a quienes busquen ganarse la vida con actividades no autorizadas (como masajes, tatuajes o música callejera), sino que persigue directamente al ciudadano consumidor. El texto prohíbe explícitamente demandar, usar o consumir dichos servicios en el espacio público, castigando al cliente con multas de hasta 500 euros.
Los padres responderán con su patrimonio por sus hijos
Este texto también interviene en las familias. La ordenanza establece de forma explícita que los padres o tutores legales serán responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad a su cargo, cuando medie negligencia en su deber de prevención. Esto implica que si un menor infringe las restrictivas normas de consumo de alcohol o provoca desperfectos en el mobiliario urbano, las familias deberán abonar solidariamente las indemnizaciones y multas con su propio patrimonio.
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