La sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo desata una oleada de críticas políticas

La sentencia del Tribunal Supremo que avala los caudales ecológicos del río Tajo ha provocado una contundente reacción política en la provincia de Alicante y en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), que consideran que la decisión judicial supone un duro golpe para el futuro del trasvase Tajo-Segura y para la agricultura del sureste español.

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha lamentado el fallo judicial al considerar que representa “un nuevo varapalo a los intereses económicos, sociales y medioambientales de la provincia de Alicante y del conjunto del sureste español”.

Serna ha advertido de las “nefastas consecuencias” que tendrá el aumento de los caudales ecológicos para la provincia y ha asegurado que la resolución “deja el trasvase Tajo-Segura al borde de la desaparición”, al prever un recorte del 50 % de los recursos hídricos transferidos.

Según la responsable provincial, esta reducción pondría en riesgo a “miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada” para mantener su actividad económica, especialmente en el sector agrícola, uno de los pilares productivos de la provincia de Alicante.

Además, Serna ha reclamado al Gobierno central “altura de miras, diálogo y consenso” antes de adoptar medidas que, a su juicio, “condenan a buena parte del territorio español”. También ha reiterado el respaldo de la Diputación al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), destacando el esfuerzo realizado por los regantes para frenar la reducción del trasvase.

“Esta provincia no va a ceder ni un ápice en la defensa del agua que merecemos”, ha afirmado la diputada de Ciclo Hídrico, quien ha asegurado que continuarán defendiendo el trasvase “en todos los ámbitos posibles”, pese a reconocer que “desde el punto de vista jurídico se han cerrado prácticamente todas las puertas”.

La dirigente popular ha acusado además al Ejecutivo de Pedro Sánchez de seguir una “política hídrica ideológica y sectaria” que, según ha señalado, “solo traerá desierto y pobreza al Levante español”.

En este sentido, Serna ha alertado de que, si se consuman los recortes planteados, podrían desaparecer “miles de hectáreas de regadío y millones de árboles” que dependen del agua trasvasada, además de perderse “más de 100.000 empleos directos e indirectos” vinculados al sector agrícola.

Por su parte, la portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, María Gómez, ha denunciado que la decisión del alto tribunal supone “un nuevo golpe para miles de agricultores y familias de la provincia de Alicante”.

La diputada popular ha cargado contra la “política sectaria e ideológica” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia hídrica y ha acusado al Ejecutivo de utilizar la planificación hidrológica para “reducir progresivamente el agua disponible sin escuchar a los agricultores ni a los territorios afectados”.

Gómez ha asegurado que la política hídrica del PSOE “está condenando a nuestra agricultura”, poniendo en riesgo “empleo, inversiones y el futuro de un sector estratégico para la Comunitat Valenciana”.

Asimismo, ha defendido la necesidad de alcanzar “un gran pacto nacional del agua” basado en la solidaridad entre territorios, el rigor técnico y la garantía de recursos hídricos para las zonas productivas.

La portavoz popular también ha reiterado el compromiso del PPCV con la defensa del trasvase Tajo-Segura y de los regantes alicantinos “frente a un Gobierno que ha dado la espalda al campo”.

Finalmente, Gómez ha reclamado “soluciones, inversiones hídricas y seguridad para los agricultores”, al tiempo que ha criticado que “la provincia de Alicante siga pagando el precio de los pactos políticos de Pedro Sánchez”.