Además exigen que se forme una comisión de trabajo que integre «todas» las sensibilidades políticas
El Consorcio Vega Baja Sostenible se ha convertido en tema de confrontación durante los últimos días entre PP Y PSOE, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratifica a la UTE CESPA – ORTIZ como adjudicataria de plan zonal de residuos de la comarca.
Ambos bandos se reprochan cuestiones que vienen de lejos, como el PSOE que saca a relucir el Caso Brugal, como del presente, sobre quien ha emprendido gestiones en materia de residuos en esta comarca.
Los socialistas que iniciaron el debate tras un crítico comunicado contra la presidenta del Consorcio, Teresa Belmonte, reprochándole falta de transparencia, entre otras cosas, y que recibieron la respuesta de la misma, defendiendo su gestión, han vuelto a salir a escena asegurando que tomarán cartas en el asunto, pidiendo un pleno extraordinario donde se den las explicaciones sobre el contenido de las reuniones mantenidas entre la presidencia y la UTE Cespa – Ortiz, a la vez que han manifestado su rechazo a soluciones «enlatadas»·
Manuel Pineda, alcalde de Rafal y anterior presidente del Consorcio también ha anunciado que se va a exigir una comisión de trabajo que integre todas las sensibilidades políticas así como personal jurídico y administrativo.
Por su parte, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, que se ha sentido aludido por las críticas de Belmonte ante los trámites para llevar a cabo la planta de transferencia en su municipio ha denunciado la gestión de esta presidenta, «no podemos permitir que haga y deshaga sin comunicar nada a nadie tras reunirse con la UTE», ha señalado, a lo que ha añadido que su pueblo ha sido generoso acogiendo esta planta de tratamiento, «algo para lo que también había podido ofrecer sus terrenos Bigastro».
Hernández ha indicado que Teresa Belmonte solo se ha dedicado a tramitar lo que los socialistas empezaron y la insta a cambiar su forma de actuar al frente del consorcio «lo dirige como si fuera su rancho, pedimos que cambie de actitud y de ejemplo».
Por su parte, el alcalde de Benferri ha querido intervenir para denunciar un posible trato discriminatorio por parte del Consorcio ante la deuda que su municipio generó durante el episodio de la DANA de 2019, una deuda ya solventada pero que requirió de muchos trámites y «exigencias», algo que considera no se hace con los municipios donde el color político que gobierna es del PP, lamentando que se hiciera con un municipio pequeño y tras una tragedia.
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