CSIF y FESEP afirman que la Policía Local trabaja con una relación de puestos aprobada en 2004 y alertan de la salida de agentes hacia municipios vecinos
Los sindicatos CSIF y FESEP han cargado contra el equipo de gobierno de Guardamar del Segura, liderado por el socialista José Luis Sáez, por la política retributiva aplicada durante los últimos años, denunciando lo que consideran una «brecha salarial» entre los cargos políticos y la plantilla municipal. Ambas organizaciones sostienen que, mientras las retribuciones del alcalde y los concejales se han más que duplicado desde 2015, los trabajadores continúan desempeñando sus funciones con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en 2004, sin una actualización que adapte los salarios a las responsabilidades actuales.
Según los datos difundidos por las organizaciones sindicales, el coste anual destinado a las retribuciones del alcalde y concejales ha pasado de 189.290 euros en 2015 a 411.066 euros en 2019, hasta alcanzar los 418.000 euros en 2023, una cantidad que, según afirman, se mantiene consolidada en 2026. Esto supone un incremento acumulado del 120,8 % en apenas ocho años.
Los representantes sindicales insisten en que su denuncia no cuestiona la legalidad de las retribuciones de los responsables políticos, sino la diferencia de trato respecto al resto de la plantilla municipal. A su juicio, el problema reside en que los empleados públicos siguen sujetos a una estructura retributiva diseñada hace más de veinte años, pese a que las funciones y responsabilidades de muchos puestos han evolucionado de forma considerable.
«En tiempos de inteligencia artificial, las retribuciones actuales son de cuando se escribía a máquina», resumen desde ambas organizaciones. Una frase con la que pretenden ilustrar el desfase existente entre la organización actual del Ayuntamiento y la última actualización oficial de la RPT.
Los sindicatos sostienen que esta situación afecta a trabajadores de Policía Local, Servicios Sociales, Atención al Ciudadano, Limpieza, Instalaciones Deportivas y otros departamentos municipales, cuyos cometidos, aseguran, han aumentado en complejidad sin que ello haya tenido reflejo en sus condiciones económicas. Asimismo, consideran que las subidas generales aprobadas para los empleados públicos durante los últimos años no compensan la evolución real de las funciones desempeñadas.
Malestar por la salida de agentes
A las críticas sindicales se ha sumado la Asociación SPOL Guardamar, que ha denunciado públicamente en redes sociales la salida continuada de agentes de la Policía Local hacia municipios vecinos con mejores condiciones laborales.
La asociación asegura que en las últimas semanas han abandonado la plantilla varios agentes, entre ellos un oficial con quince años de servicio que se incorpora a Torrevieja, y otros miembros que han optado por continuar su carrera profesional en Rojales y Santa Pola.
SPOL afirma que alrededor de 35 agentes han dejado la plantilla desde 2019, una cifra que atribuye directamente a la falta de actualización de la RPT, y a unas condiciones retributivas que consideran inferiores a las de municipios del entorno.
En su comunicado, la asociación critica con ironía la situación del servicio y advierte de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la pérdida de efectivos para la seguridad ciudadana durante los meses de mayor afluencia turística. «A este ritmo de desbandada va a tener que patrullar usted», señalan dirigiéndose al alcalde, al tiempo que cuestionan cuál será el dispositivo previsto para el final del verano si continúa la salida de policías.
Los representantes policiales sostienen además que la marcha de agentes supone una pérdida de inversión para el Ayuntamiento, al considerar que la administración destina recursos a formar profesionales que posteriormente terminan incorporándose a otros municipios debido a unas condiciones económicas más competitivas.
Una estructura política que duplica su coste desde 2015
El análisis económico aportado por los sindicatos refleja una importante evolución del gasto destinado a los cargos políticos durante los últimos años.
En 2015, la estructura estaba formada por siete puestos, con un coste total de 189.290 euros. Cuatro años después, en 2019, el gasto ascendió hasta 411.066 euros, impulsado tanto por el incremento de las retribuciones como por la creación de nuevos puestos, lo que representó un aumento superior al 117 % respecto al inicio de la serie.
Posteriormente, en 2023, el gasto alcanzó los 418.000 euros. Aunque el incremento fue mucho más moderado respecto a 2019, los sindicatos destacan que las retribuciones quedaron prácticamente homogeneizadas, con la mayoría de los cargos percibiendo 46.000 euros anuales y una única retribución superior de 50.000 euros.
Para CSIF y FESEP, la comparación entre la evolución de las retribuciones políticas y la situación de la plantilla municipal evidencia una descompensación que consideran insostenible. Ambas organizaciones reclaman al Ayuntamiento la actualización inmediata de la Relación de Puestos de Trabajo, al entender que constituye la herramienta necesaria para adecuar las funciones y salarios de los empleados públicos a la realidad organizativa actual del consistorio.
Mientras tanto, el conflicto laboral continúa abierto y el malestar entre parte de la plantilla municipal, especialmente en la Policía Local, sigue aumentando ante la falta de avances en una reivindicación que los sindicatos consideran prioritaria ,después de más de veinte años sin renovar la RPT.
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