La empresa mixta participada por el Ayuntamiento, se ahorrará unos 120.000 euros en alquiler al año
La Junta de Gobierno Local ha aprobado ofrecer a la Mercantil AGAMED el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la calle San Pascual para que lo destine a la construcción de sus oficinas administrativas de y atención al público. Se trata de una medida que supondrá el ahorro de unos 120.000 euros al año en alquiler, según ha explicado la Secretaria de la Junta Fanny Serrano. Una vez que finalice la concesión del servicio con la citada empresa el edificio pasará ser de propiedad municipal.
Tras esta aprobación el Consejo de Administración de AGAMED tendrá que dar el visto bueno a esta propuesta para comenzar las obras de rehabilitación de las edificaciones que componen el bien municipal que se le ha cedido. Serrano ha manifestado su «extrañeza» por el hecho de que hasta la fecha a ningún Gobierno anterior se le hubiera ocurrido «proponerle a AGAMED una solución mas eficiente y racional en relación con las instalaciones de atención al publico y de tramitación de las que dispone la concesionaria en la ciudad, cuando el coste del edificio que va a hacer AGAMED será, aproximadamente, de 1’8 millones de euros y revertirá su propiedad al Ayuntamiento una vez que finalice el periodo concesional».
La edil ha asegurado que la idea inicial, el anteproyecto, contempla mantener elementos de interés de este antiguo edificio, entre los que se encuentran unos techos metálicos que se van a preservar, así como la garita situada en la esquina de la calle San Pascual y la calle Zoa.
La Junta de gobierno también ha aprobado el inicio del expediente de contratación mediante el procedimiento de negociado sin publicidad para el alquiler de 90 ordenadores personales, con opción a compra. La licitación se lleva a cabo por 72.598’52 euros. Con este contrato se pretende resolver el problema que supone que una parte de los ordenadores personal que se utilizan en diversos departamentos no permitan ejecutar, de modo ágil, algunas aplicaciones informáticas, además de que presentan unas tasas de averías muy elevadas por su antigüedad. El arrendamiento será por un periodo de cuatro años.
En cuanto a los asuntos urgentes que se han abordado en la Junta se incluye «acatar» dos sentencias relativas a dos trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local de Torrevieja. Ambas consideran que se ha producido un «despido improcedente» y que en consecuencia el Ayuntamiento tiene que indemnizarles por un montante que supera los 47.7000 euros o readmitirlos y pagarles los salarios de tramitación que han dejado de percibir, al estar privados de su trabajo.
La Junta de Gobierno ha acatado la sentencia pero aún no ha tomado acuerdo sobre la decisión que adoptará respecto a los dos trabajadores, si bien la edil ha afirmado que “esa concejalía tiene necesidad de personal y que no era voluntad del equipo de Gobierno que esas personas dejaran de «prestar los servicios para el Ayuntamiento, por lo tanto no es algo que nos afecte negativamente”, a lo que ha añadido que ahora están saliendo la subvenciones del SERVEF y estamos deficitarios en personal, lo que haremos será readmitirlos, también siguiendo el procedimiento».
La edil ha recordado que las plazas de estos dos trabajadores «estaban subvencionadas por el SERVEF, pero este organismo se retrasó en la dotación de las subvenciones, y por lo tanto llegó la finalización del contrato».
Un contrato que la sentencia da por probado que se ha ido prorrogando, en una situación que Serrano ha dicho que «en otros Ayuntamientos es muy extraño que pase pero que aquí es muy habitual». Al respecto ha detallado que «se les contrató en 2004 con una duración inicial del contrato hasta septiembre de 2005, luego hubo más prórrogas anuales hasta septiembre de 2008, cuando se extinguió la relación laboral pero siguieron trabajando y cobrando».
Posteriormente «se volvió a firmar un contrato de duración determinada, de 2008 a 2009 y a pesar de ello se ha seguido prorrogando hasta noviembre de 2015 cuando finalizó la última prorroga de las sucesivas que se habían ido encadenando, lo que el juzgado considera fraude de ley por lo que, ahora, los trabajadores tendrán que pasar a una situación de personal laboral indefinido no fijo», ha concluido Serrano.
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