Por José Antonio Escobar
España es un país de contrastes cada vez más difíciles de justificar. Mientras los indicadores macroeconómicos permiten al Gobierno de Pedro Sánchez reivindicar sus éxitos, millones de ciudadanos se enfrentan a una realidad bastante menos alentadora: jóvenes incapaces de emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, pequeños propietarios atrapados en un mercado cada vez más conflictivo y ciudadanos que sienten que sus preocupaciones cotidianas ocupan un lugar secundario en la agenda política.
A esta situación se suman los problemas relacionados con la inmigración irregular, las dificultades de integración, la percepción de inseguridad en determinados barrios y una sucesión de escándalos judiciales que han deteriorado la confianza en las instituciones.
El problema no consiste únicamente en que España tenga dificultades. Ningún Gobierno puede evitar todas las crisis, ni todos los problemas económicos son consecuencia directa de las decisiones de un solo presidente. La cuestión fundamental es otra: ¿ha utilizado Pedro Sánchez sus años en el poder para preparar al país frente a estos desafíos o ha dedicado demasiada energía a sobrevivir políticamente, mantener su coalición y defender su propia imagen?
La respuesta merece un examen riguroso. Porque, detrás de las estadísticas, existen ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y cumplen sus obligaciones, pero que empiezan a preguntarse si el sistema político responde realmente a sus necesidades.
1. La vivienda: el sueño español que se ha convertido en un lujo
Pocas cuestiones explican mejor el creciente malestar social que el acceso a la vivienda.
Para generaciones anteriores, comprar una casa constituía una meta difícil, pero alcanzable mediante años de trabajo y ahorro. Para una parte importante de los jóvenes actuales, se ha convertido en una aspiración permanentemente aplazada. Incluso alquilar una vivienda independiente puede exigir un esfuerzo económico incompatible con un salario ordinario.
Los datos oficiales confirman la gravedad del problema. Según el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el precio medio de la vivienda en España alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado al cierre de 2025, un máximo nominal de la serie histórica. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística registró un incremento interanual del 12,2 % en los precios de la vivienda durante el segundo trimestre de 2026. Además, el 26,8 % de los hogares que alquilaban una vivienda a precio de mercado destinaban en 2025 más del 40 % de sus ingresos al alquiler.
No hablamos de un problema marginal. Hablamos de trabajadores que no pueden vivir cerca de sus empleos, parejas que retrasan la formación de una familia y jóvenes que continúan en casa de sus padres mucho después de haber comenzado su vida laboral.
La crisis tiene múltiples causas: escasez de oferta, lentitud administrativa, falta de suelo urbanizado, costes de construcción, concentración de oportunidades laborales en determinadas ciudades, demanda turística y crecimiento de la población. El Gobierno de Sánchez no inventó todas estas dificultades, pero sí debe responder por las decisiones que ha tomado —y por las que no ha tomado— durante su mandato.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que entre 2022 y 2024 se concedieron alrededor de 345.000 permisos de construcción, frente a la creación neta de aproximadamente 604.000 hogares. La diferencia ilustra el desequilibrio entre la oferta y la demanda. La OCDE también ha señalado que el déficit de viviendas se ha visto agravado por el crecimiento de la población y la concentración de la demanda en zonas urbanas y turísticas.
¿Qué ha ofrecido el Ejecutivo?
Anuncios, planes, promesas de construcción de viviendas asequibles y medidas destinadas a intervenir en el mercado del alquiler. Algunas actuaciones pueden proporcionar protección inmediata a determinados inquilinos, pero el problema estructural sigue siendo la insuficiencia de viviendas disponibles.
Limitar determinados precios sin aumentar suficientemente la oferta no crea por sí solo nuevas casas. Si las condiciones regulatorias desincentivan a algunos propietarios a ofrecer sus viviendas en alquiler, el resultado puede ser una reducción de la oferta disponible, aunque los efectos concretos dependan del mercado y de las medidas aplicadas.
España necesita construir más, acelerar las licencias, facilitar la rehabilitación, ampliar el parque público de alquiler y proporcionar seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios. También necesita combatir el fraude, la ocupación ilegal cuando corresponda y las prácticas abusivas, sin confundir fenómenos jurídicamente distintos.
La pregunta política es inevitable: ¿por qué un país que necesita urgentemente más viviendas continúa sin resolver los obstáculos que impiden construirlas con suficiente rapidez?
Sánchez no puede responsabilizar indefinidamente a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los propietarios o las circunstancias internacionales. Gobernar significa coordinar administraciones, negociar reformas y conseguir resultados.
Para los jóvenes españoles, la paciencia política tiene un precio mensual: el alquiler.
2. Inmigración irregular, integración y seguridad: un debate que España no puede seguir evitando
La inmigración constituye otro de los asuntos que más tensión generan en la sociedad española.
España necesita trabajadores, y la inmigración legal puede contribuir al crecimiento económico, sostener sectores con dificultades para encontrar personal y compensar parcialmente el envejecimiento demográfico. Numerosos inmigrantes trabajan, pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades. Reconocerlo es tan necesario como admitir que existen problemas reales de gestión migratoria.
La cuestión es si el Estado dispone de una política suficientemente eficaz para controlar las entradas irregulares, identificar a quienes llegan, resolver las solicitudes de protección internacional, ejecutar las decisiones de retorno cuando legalmente proceda y facilitar la integración de quienes tienen derecho a permanecer en el país.
Los datos europeos muestran la dimensión del desafío. En 2024, las autoridades registraron en España 84.690 ciudadanos de terceros países en situación de estancia ilegal y emitieron 51.025 órdenes de salida. Ese mismo año, 8.725 personas fueron retornadas a un tercer país, según las estadísticas recogidas por la Red Europea de Migración a partir de datos de Eurostat. Estas categorías no representan necesariamente a las mismas personas ni equivalen al número total de entradas irregulares, pero permiten observar la magnitud de las tareas administrativas y de control.
El Gobierno debe explicar si los recursos disponibles son suficientes y qué resultados obtiene en materia de identificación, tramitación de expedientes, cooperación con los países de origen y retorno de quienes carecen de derecho a permanecer en España.
También debe afrontar las dificultades que surgen cuando los servicios sociales, la sanidad, la educación y los sistemas de acogida soportan una presión considerable, especialmente en municipios que carecen de recursos suficientes.
Los ciudadanos tienen derecho a preguntar cómo se distribuyen esos costes y qué mecanismos existen para evitar que determinadas localidades asuman una carga desproporcionada. Plantear estas cuestiones no convierte automáticamente a nadie en xenófobo. Lo decisivo es hacerlo con datos, sin deshumanizar a las personas y sin atribuir delitos a comunidades enteras.
La seguridad exige igualmente rigor.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística muestran que, en 2025, la tasa de personas extranjeras adultas condenadas por cada mil habitantes adultos de esa nacionalidad fue de 15,3, frente a 6,1 entre los ciudadanos españoles. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con cuidado: no demuestran que todos los inmigrantes delincan, no describen por sí solas la situación de las personas de origen africano y no permiten establecer automáticamente las causas de las diferencias observadas. La edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas y otros factores deben tenerse en cuenta para realizar comparaciones adecuadas.
Lo que sí debe exigir cualquier sociedad democrática es una aplicación igualitaria de la ley, estadísticas transparentes y una respuesta eficaz frente a quienes cometen delitos, independientemente de su nacionalidad.
La política migratoria tampoco puede reducirse a la disyuntiva entre fronteras abiertas sin control y rechazo indiscriminado de los extranjeros. España necesita fronteras gestionadas eficazmente, procedimientos legales ágiles, cooperación internacional y una política de integración que funcione.
Sánchez debe explicar a los españoles cuáles son los objetivos de su Gobierno, cómo mide sus resultados y qué consecuencias asume cuando sus políticas no funcionan.
La solidaridad sin planificación puede generar frustración. El control fronterizo sin respeto a los derechos fundamentales puede producir abusos. Un Estado responsable debe ser capaz de evitar ambos extremos.
3. Corrupción y pérdida de confianza: cuando los escándalos alcanzan al entorno del poder
La confianza en las instituciones no desaparece de un día para otro. Se deteriora cuando los ciudadanos perciben que las reglas no se aplican con la misma severidad a todos, cuando las explicaciones oficiales resultan insuficientes o cuando los responsables políticos parecen más preocupados por desacreditar a sus críticos que por aclarar los hechos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido un desgaste considerable por los procedimientos judiciales relacionados con antiguos responsables y colaboradores del entorno socialista.
Uno de los casos más graves es el conocido como caso mascarillas, vinculado a contratos públicos durante la pandemia. En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García a penas de prisión por delitos relacionados con la trama. En octubre, el alto tribunal rechazó los incidentes de nulidad presentados contra la sentencia, aunque ambos conservan la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.
Estas condenas no prueban automáticamente que Sánchez participara en los delitos ni permiten atribuirle responsabilidad penal por los actos de otras personas. Sin embargo, sí plantean preguntas políticas legítimas sobre los controles internos, los nombramientos, la supervisión de los contratos y la capacidad del partido gobernante para detectar y prevenir conductas irregulares.
La responsabilidad política no es idéntica a la penal. Un presidente puede no haber cometido delito alguno y, aun así, tener que responder por los fallos de supervisión de su Administración, por la selección de sus colaboradores o por la falta de transparencia en determinadas decisiones.
A ello se suma la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente.
En septiembre de 2026, el juez instructor acordó abrir juicio oral con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La decisión no equivale a una condena y la defensa sostiene que la causa carece de fundamento. Además, en octubre la Fiscalía solicitó la absolución de Gómez y de su asesora, al considerar que los hechos examinados no constituían delito. La causa, por tanto, debe describirse con precisión: existe una decisión judicial de apertura de juicio, pero la responsabilidad penal no ha quedado establecida y la Fiscalía solicita la absolución.
En estas circunstancias, sería irresponsable presentar la culpabilidad de la esposa del presidente como un hecho probado. Pero también sería equivocado sostener que la posición institucional de Sánchez convierte las preguntas sobre el caso en asuntos irrelevantes.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer si se utilizaron recursos públicos para actividades privadas, si existieron relaciones impropias entre el poder político y determinados intereses económicos y si los mecanismos de control funcionaron correctamente. Son cuestiones que deben resolverse mediante pruebas, procedimientos judiciales y garantías para todas las partes.
La reacción del presidente y de su entorno ante las investigaciones también importa. Descalificar a los adversarios no sustituye a las explicaciones; invocar una persecución política no elimina la necesidad de rendir cuentas.
La transparencia no debería depender de la ideología de quien está bajo investigación.
Si el Gobierno exige responsabilidades a sus adversarios, debe aceptar exactamente el mismo estándar cuando las preguntas afectan a su propio entorno. Esa es la diferencia entre una cultura democrática madura y una política organizada alrededor de la defensa permanente del poder.
4. Ucrania y las prioridades nacionales: solidaridad exterior, obligaciones interiores
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, España ha contribuido a los esfuerzos europeos para apoyar a Kyiv. La asistencia responde a razones de seguridad, defensa del derecho internacional y solidaridad con un país atacado militarmente.
Es legítimo sostener que una victoria rusa tendría consecuencias graves para la seguridad europea. También es razonable que España coopere con sus aliados y contribuya a evitar que las fronteras internacionales puedan modificarse por la fuerza.
Pero reconocer estos argumentos no obliga a aceptar sin debate cualquier cantidad, calendario o modalidad de ayuda.
En marzo de 2026, el Gobierno español anunció que, con la nueva aportación de ese año, la ayuda militar asignada a Ucrania entre 2022 y 2026 alcanzaría los 3.795 millones de euros. La cifra corresponde a asistencia militar anunciada por el Ejecutivo, no al conjunto de toda la ayuda española ni a una cantidad que pueda compararse directamente con cualquier partida presupuestaria nacional.
La cuestión política no es si España debe desentenderse de Ucrania. Es cómo debe equilibrar sus compromisos internacionales con las necesidades de sus propios ciudadanos.
Mientras se destinan recursos a la defensa ucraniana, España continúa enfrentándose a una crisis de vivienda, necesidades de inversión en infraestructuras, dificultades de acceso a servicios públicos y tareas pendientes de reconstrucción tras desastres naturales.
La tragedia de las inundaciones en la Comunidad Valenciana dejó al descubierto la importancia de contar con sistemas de prevención, coordinación administrativa y respuesta ante emergencias. En situaciones de esta magnitud, las familias afectadas necesitan ayudas que lleguen a tiempo, infraestructuras resistentes y una Administración capaz de coordinarse sin convertir cada decisión en una disputa partidista.
No sería correcto afirmar, sin una comparación presupuestaria documentada, que cada euro enviado a Ucrania fue retirado directamente de las partidas destinadas a las víctimas de las inundaciones o a la construcción de viviendas. Los presupuestos tienen distintas fuentes de financiación y finalidades, y no todo gasto exterior puede reasignarse automáticamente a cualquier necesidad interior.
Pero esa precisión no elimina la obligación de debatir las prioridades.
¿Cuánto dinero puede comprometer España en asistencia militar exterior sin perjudicar sus objetivos de inversión nacional? ¿Qué parte de la ayuda se financia mediante transferencias, préstamos, material militar o mecanismos europeos? ¿Qué compromisos futuros ha asumido el Estado? ¿Qué controles existen sobre el destino de los recursos y cómo se evalúa su eficacia?
Estas preguntas son especialmente importantes cuando el Gobierno pide a los ciudadanos que acepten restricciones presupuestarias, mayores esfuerzos fiscales o una espera prolongada para acceder a servicios y ayudas.
La ayuda internacional debe contar con objetivos verificables, controles adecuados y una explicación pública de sus costes y beneficios. En el caso de Ucrania, también es necesario distinguir entre el apoyo al Estado ucraniano y la evaluación de la transparencia y la corrupción en sus instituciones. La asistencia debe incorporar mecanismos que permitan prevenir el desvío de fondos, supervisar las adquisiciones y comprobar que los recursos llegan a sus destinatarios.
Apoyar la soberanía ucraniana no exige idealizar a su Gobierno ni renunciar a los controles. Del mismo modo, denunciar posibles deficiencias de transparencia no justifica ignorar las consecuencias de la invasión rusa.
La posición más responsable es exigir ambas cosas: apoyo internacional sometido a control y una política nacional que no relegue las necesidades de España.
Porque la solidaridad con otros pueblos pierde credibilidad cuando el ciudadano empieza a sentir que su propia situación es una preocupación secundaria.
5. Sánchez y el problema de gobernar en modo de supervivencia
El desgaste de un Gobierno no se explica únicamente por una cifra económica o un escándalo judicial. También depende de la percepción de que sus dirigentes comprenden los problemas cotidianos y están dispuestos a corregir sus errores.
Pedro Sánchez ha demostrado capacidad para mantener el poder en un escenario parlamentario complejo. Pero la supervivencia parlamentaria y la eficacia gubernamental son dos cosas diferentes.
Un Ejecutivo puede aprobar medidas, negociar apoyos y mantenerse en el cargo sin resolver los problemas que más preocupan a la población.
Cuando la vivienda se convierte en un obstáculo para formar una familia, la política económica debe medirse por algo más que el crecimiento agregado. Cuando una localidad carece de recursos para gestionar la llegada de personas vulnerables, el debate migratorio necesita planificación y financiación. Cuando un escándalo afecta a antiguos colaboradores o al entorno familiar del presidente, la respuesta debe ser la transparencia, no la confrontación permanente.
España necesita recuperar una cultura política en la que los resultados importen más que la propaganda.
Eso significa publicar objetivos concretos, medir su cumplimiento, explicar los errores y asumir responsabilidades cuando las políticas fracasan. Significa también dejar de tratar a los ciudadanos como si fueran incapaces de comprender la complejidad de los problemas.
Los españoles no necesitan que se les prometa que todo marcha bien. Necesitan saber qué no funciona, por qué no funciona y qué hará el Gobierno para solucionarlo.
La oposición, por su parte, tampoco puede limitarse a denunciar cada tropiezo del Ejecutivo. Si aspira a gobernar, debe presentar propuestas viables, presupuestos realistas y una estrategia que pueda resistir el examen público.
La crisis de confianza no se resolverá sustituyendo una campaña de propaganda por otra. Se resolverá demostrando que las instituciones pueden volver a ofrecer resultados.
6. España necesita una alternativa y una sociedad capaz de exigirla
El futuro político del país no debería decidirse únicamente por el miedo a que gane el adversario o por la fidelidad automática a unas siglas.
España necesita un debate nacional sobre sus prioridades: vivienda asequible, empleo de calidad, salarios capaces de sostener una vida independiente, servicios públicos eficientes, control de la inmigración irregular, seguridad, lucha contra la corrupción y protección frente a las emergencias.
También necesita una política exterior coherente con sus intereses, capaz de cooperar con sus aliados sin renunciar a la transparencia ni a la evaluación de los costes.
El próximo Gobierno, sea cual sea su composición, tendrá que enfrentarse a problemas que no desaparecerán con un cambio de presidente. La escasez de vivienda requiere años de construcción y reformas administrativas. La integración migratoria exige coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. La lucha contra la corrupción necesita instituciones independientes, contratación transparente y controles eficaces.
Por eso, el debate no debería reducirse a quién critica con mayor dureza a Sánchez, sino a quién está preparado para gobernar mejor que él.
Si los españoles consideran que el actual Ejecutivo ha perdido su capacidad para responder a las necesidades del país, tienen a su disposición los instrumentos democráticos para exigir una alternativa: el debate público, la participación ciudadana, el control parlamentario y el voto.
Esa alternativa debe demostrar que está dispuesta a construir más viviendas, simplificar los procedimientos administrativos, garantizar la seguridad jurídica, aplicar la legislación migratoria, proteger las fronteras y perseguir la corrupción sin distinciones partidistas.
Debe comprometerse, además, a revisar el gasto público con criterios de eficacia, sin utilizar a las víctimas de una catástrofe ni a los ciudadanos más vulnerables como instrumentos de propaganda.
Y debe comprender que España no necesita una sociedad dividida permanentemente entre bloques irreconciliables. Necesita ciudadanos capaces de discrepar sobre las soluciones sin renunciar a un conjunto mínimo de objetivos comunes.
La unidad nacional no significa pensar todos igual, ni apoyar incondicionalmente a un dirigente. Significa exigir que el poder responda ante los ciudadanos y que las diferencias políticas no impidan resolver los problemas fundamentales del país.
Conclusión: primero, los ciudadanos; después, la propaganda
España no está condenada a vivir con una vivienda inaccesible, una Administración incapaz de anticiparse a las crisis, una política migratoria cuestionada y una confianza institucional debilitada. Pero tampoco resolverá estos problemas mediante promesas grandilocuentes o enfrentamientos interminables entre partidos.
Pedro Sánchez debe responder por los resultados de su gestión, por las prioridades de su Gobierno y por la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Las responsabilidades penales, cuando se investigan, corresponden a los tribunales; las responsabilidades políticas deben debatirse públicamente y someterse al juicio democrático.
La pregunta esencial es si España necesita continuar por el mismo camino o si ha llegado el momento de buscar una alternativa.
Para muchos ciudadanos, la respuesta empieza por una exigencia elemental: que el Gobierno vuelva a colocar sus problemas en el centro de la agenda política. Tener un hogar, trabajar sin vivir permanentemente al límite, caminar por el barrio con tranquilidad y confiar en que el dinero público se administra correctamente no son privilegios. Son expectativas legítimas en una democracia europea.
Ha llegado el momento de que la sociedad española supere la resignación y exija un cambio político basado en propuestas, resultados y responsabilidad. Un cambio que permita elegir democráticamente a un presidente dispuesto a priorizar las necesidades nacionales, reconstruir la confianza institucional y afrontar las reformas que el país lleva demasiado tiempo aplazando.
Porque la grandeza de España no se mide por los discursos de sus dirigentes ni por su capacidad para mantenerse en el poder.
Se mide por la posibilidad de que sus ciudadanos construyan un futuro digno en su propio país.
Y ningún Gobierno debería olvidar que su principal obligación no es perpetuarse en La Moncloa, sino servir a España.
