El grupo socialista en el Ayuntamiento de Callosa lamenta se ha traspasado una línea al hacer uso en la confrontación política de situaciones personales de vulnerabilidad como un desahucio. El grupo popular vía Junta Gobierno Local conocía la situación desde 2016, según ha explicado el PSOE en un comunicado.
En el mismo expone que en el ejercicio de 2011 con el gobierno del PP, ostentando la Alcaldía Javier Pérez Trigueros,y la Concejalía de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad Dª Conchi Martínez, el Ayuntamiento Callosa Segura alquila a la Caja Ahorros Mediterráneo vía contratos de arrendamiento 15 viviendas destinadas a familias con pocos recursos. De igual modo se formaliza en Junta Gobierno Local acuerdos de cesión entre familias y el Ayuntamiento Callosa Segura. La situación jurídica quedaba de la siguiente manera, el arrendador es Caja Ahorros Mediterráneo, el arrendatario el Ayuntamiento Callosa Segura, los usufructuarios de las viviendas familias que firmaban un compromiso de cesión con el Ayuntamiento Callosa de Segura. Los contratos de arrendamiento Ayto/CAM tenían un vencimiento de 7 años con una cláusula de opción de compra en el último año; casi todos vencen el 31 de diciembre de 2017 (otros 28 febrero 2018) mientras que las familias podían permanecer como usufruturarios de la vivienda por un tiempo máximo de 5 años. El proceso de asignación en la cesión de viviendas CAM a las familias según informe de servicios sociales se realizó mediante acuerdo de Junta Gobierno Local a propuesta de la concejala de Bienestar Social sin procedimiento de pública concurrencia y sin informes del departamento de servicios sociales “donde no se recibieron instrucciones de realizar seguimiento y control en los acuerdos de cesión”.
Según explican los socialistas, tras la quiebra de la CAM esta es adquirida por el Banco Sabadell. El Banco Sabadell vende a una Socimi (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del fondo de inversor inmobiliario Blackstone los 15 inmuebles arrendados. Los nuevos dueños de las viviendas son ya en el ejercicio 2016 la Socimi Empire Real State Spain SL que se dedica al alquiler y compra venta de inmuebles de carácter especulativo frente a un sentido social de la extinta CAM.
En el comunicado señalan que el Banco Sabadell y la Socimi no comunican el cambio de propiedad al Ayuntamiento y no hay respuesta a la oferta de opción de compra de las viviendas realizada por el ayuntamiento. Transcurrido los años de vigencia del contrato y sin poder optar a compra la situación queda en un limbo legal, buscando desde el Ayuntamiento de Callosa de Segura ante Empire Real State Spain SL intermediar desde servicios sociales para poder facilitar compra o alquiler a las familias. La Socimi quiere recuperar las viviendas y pone en marcha los procedimeintos de desahucios, a lo que desde el Ayuntamiento se persona judicialmente para oponerse al desahucio hasta lograr una solución habitacional a las familias, en los desahucios la justicia falla que no existe contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Socimi pero que debe entregar la vivienda libre aunque se siga negociando con el nuevo propietario una solución entre ellos y las familias. En esta situación se evitó que se produjese ni un solo desahucio derivado de estas viviendas mientras se seguía trabajando en una solución.
En febrero del 2019 en Valencia por intermediación de la Conselleria de Vivienda, se mantuvo una reunión con el gerente de la Socimi Empire Real State Spainl SL el Sr. Francisco Navarro, estando presentes Alcaldía y concejal hacienda junto con el asesoramiento jurídico y administrativo al objeto de llegar a un acuerdo valido para Ayuntamiento, Socimi y familias. El acuerdo – propuesto en Junta Gobierno Local y aprobado por unanimidad incluido representante grupo popular- que se dejó en marcha fue el siguiente, la paralización inmediata de los lanzamientos y la regularización de la deuda derivada de los juicios de los juicios entre Ayuntamiento y Empire Real State Spain SL mediante un plan de pagos donde los inquilinos pasaban a tener la relación de arrendatarios con Empire Real State Spain SL directamente con un alquiler mientras la concejalía de Servicios Sociales establecería ayuda al alquiler a los inquilinos como garantía de hasta el 50% ante a Socimi como renta a favor del inquilino y seguridad de cobro al arrendador.
Entendemos que el actual equipo de gobierno ( grupo popular y grupo ciudadanos) debería seguir en el punto que nosotros dejamos, donde la solución planteada era válida para las tres partes, y evitar en los posible la alarma del desahucio por la vulnerabilidad a la que se expone a las familias, y más cuando hay alternativas ya trabajadas.
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