El Colegio ha enviado cartas a los municipios de la provincia para conocer el estado de los procedimientos y sus plazos
El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) ha enviado cartas a todos los ayuntamientos de la provincia para solicitar información sobre el estado de las tramitaciones urbanísticas y sus plazos. Esta actuación forma parte del Plan Estratégico Municipal, impulsado por la nueva Junta de Gobierno para abordar problemas que afectan al ejercicio profesional y mejorar la interlocución con las administraciones públicas.
Conocer la realidad de cada municipio permitirá identificar dónde se producen las principales dificultades y será una herramienta para buscar soluciones y negociar mejoras con las administraciones. El objetivo es contribuir a desatascar la tramitación de las licencias urbanísticas.
El presidente del CTAA, Carlos Sánchez, explica que «queremos un Colegio que no se limite a escuchar los problemas de sus compañeros, sino que sea capaz de intervenir, documentar las dificultades y exigir soluciones cuando sea necesario. Defender a los arquitectos significa también defender su capacidad para desarrollar proyectos que aporten valor a la sociedad».
Con este objetivo, el Plan Estratégico Municipal articula esta voluntad mediante tres herramientas complementarias, dirigidas a detectar incidencias, acompañar a los profesionales y promover mejoras en los procedimientos administrativos.
La primera es DenunciArq, un canal a través del cual los colegiados pueden trasladar las incidencias y dificultades que encuentran en su relación con las administraciones. Su finalidad es que estas situaciones no queden reducidas a reclamaciones individuales y puedan analizarse para valorar posibles actuaciones institucionales.
La segunda es el Servicio de Orientación Técnico-Normativa e Interlocución Técnico-Institucional, concebido para ofrecer apoyo ante dudas normativas e interpretaciones técnicas que, en ocasiones, se convierten en obstáculos para la tramitación de los proyectos. El servicio busca también contribuir a una mayor claridad y seguridad jurídica en la aplicación de una normativa compleja y de unos criterios interpretativos municipales que deben hacerse públicos conforme a la legislación urbanística vigente.
La tercera es el Plan de Mejora de la Tramitación Urbanística, que pretende conocer cómo funcionan los procedimientos municipales y plantear soluciones basadas en información contrastada.
Conocer los plazos para poder mejorarlos
La información solicitada a los ayuntamientos permitirá conocer el estado de las tramitaciones urbanísticas y sus plazos. Paralelamente, el CTAA ha promovido reuniones con responsables municipales y una encuesta dirigida a los colegiados para contrastar los datos administrativos con la experiencia de quienes tramitan expedientes a diario.
Con esta información se pretende elaborar un Mapa de Situación de la Tramitación Urbanística de la provincia de Alicante, que permita identificar diferencias entre municipios, conocer las dificultades más frecuentes y fundamentar propuestas de mejora.
«Lo primero es saber qué está pasando realmente. Necesitamos datos objetivos y comparables. No queremos señalar a unos ayuntamientos frente a otros, sino identificar dónde están los problemas, comprender sus causas y trabajar conjuntamente para resolverlos», subraya el presidente.
Sánchez recuerda que muchos arquitectos de los servicios técnicos municipales afrontan dificultades derivadas de la falta de medios, la acumulación de expedientes o la complejidad normativa. «Nuestros compañeros que trabajan en los ayuntamientos forman parte de la solución. No podemos exigir una administración más ágil sin analizar si dispone de los recursos necesarios para responder. Queremos colaborar, pero también reclamar cambios cuando los procedimientos no funcionan», añade.
Al mismo tiempo, el presidente considera necesario prestar mayor atención a las consecuencias económicas de estos retrasos. «La lentitud administrativa tiene un coste que muchas veces no se ve. Afecta a las familias, a los pequeños promotores y a las decisiones de inversión. Es un impacto que deberíamos empezar a medir para conocer su verdadera dimensión y plantear soluciones con mayor fundamento», indica.
Sánchez insiste en que agilizar los procedimientos no significa reducir las garantías técnicas, urbanísticas o ambientales. «Lo que defendemos es que esas garantías se apliquen mediante procedimientos claros, proporcionados y eficientes. La seguridad jurídica y la agilidad administrativa deben avanzar juntas», argumenta.
También puede interesar
El luto oficial por los fallecidos en el accidente de Urda motiva la suspensión de actos en la Vega Baja
Catral inaugura su Feria de Comercio Local con 15 establecimientos participantes
El talento de la Vega Baja triunfa en los Premios Provinciales de la Juventud 2026
La alerta por fuertes lluvias y tormentas obliga a aplazar múltiples de eventos previstos para este fin de semana en la Vega Baja
